Washington.- El gobierno mexicano expresó hoy su preocupación por el impacto del paquete legislativo sobre migración aprobado en Utah, al considerar que apoya esquemas que criminalizan a los migrantes indocumentados y promueve la aplicación selectiva de la ley.

La embajada de México en Washington señaló que por ello dará seguimiento a la instrumentación de las leyes promulgadas para evitar la violación de los derechos civiles de los mexicanos o que sean defraudados por quienes buscan lucrar con las regulaciones.

“La embajada de México reitera el compromiso del gobierno federal mexicano con un enfoque integral y de responsabilidad compartida en materia migratoria”, subrayó la legación en un comunicado.

El gobernador republicano de Utah, Gary Herbert, promulgó la víspera tres iniciativas migratorias de corte policial, pero también una adicional que establece un plan de trabajadores huéspedes y visas de trabajo a más de 100 mil inmigrantes indocumentados.

Por separado, la organización de defensa de los inmigrantes América’s Voice indicó que el lenguaje específico de las leyes migratorias promulgadas en Utah no debe servir de modelo para otros estados.

“Nos preocupa, por ejemplo, que las medidas de aplicación de leyes sean tan semejantes al modelo de Arizona, lo que, entre otras cosas, amenaza con minar la relación entre las autoridades y las comunidades inmigrantes dando pie al uso de perfiles raciales y dificultando el combate al crimen”, apuntó.

Frank Sharry, director de la organización, coincidió en la importancia de que la legislatura de Utah avanzara un mecanismo que trata de integrar a los inmigrantes indocumentados en lugar de expulsarlos.

“Utah ha hecho lo que Washington no ha hecho: aprobar una versión de reforma migratoria amplia. No acertaron en todos los detalles, pero sí en el concepto”, reconoció.

Además de la ley que crea el programa de trabajo temporal, una de las cuatro leyes promulgadas ordena a los policías estatales y locales el intentar verificar el estatus migratorio de una persona que sea arrestada por algún delito, incluso los considerados menores.

No obstante, México reconoció “los esfuerzos de una amplia coalición de distintos grupos de la sociedad y del sector público en el estado de Utah, por impulsar un diálogo ponderado basado en principios que reconocen la complejidad del fenómeno migratorio”.