Justo cuando la Presidenta presentaba sus más recientes estadísticas sobre seguridad en el país, y aseguraba que en lo que va de su Gobierno se han reducido los homicidios violentos en 52%, al pasar de 87 asesinatos dolosos diarios a 45.4, un par de horas después de ese discurso presidencial, sicarios armados ingresaban al Palacio Municipal de Temoac, en Morelos –a escasos 80 kilómetros de Cuernavaca– y asesinaban a sangre fría y de varios disparos al Presidente Municipal de ese lugar, Valentín Lavín Moreno, en su propia oficina; y casi al mismo tiempo, en la ciudad de Oaxaca, a plena luz del día y mientras desayunaba, otro sicario armado asesinaba al periodista oaxaqueño Alejandro Leyva, quien cayó de tres tiros en cabeza y cuello frente al resto de los comensales que presenciaron la ejecución.

“Cuando llegamos al Gobierno, nosotros entramos el 1 de octubre de 2024. En septiembre de 2024 había 87 homicidios dolosos, casi tres cada día en promedio.

“Y ahora, a junio de 2026, lo que llevamos del 2026, tenemos un promedio de 45.4 homicidios, promedio quiere decir que hay días que pasamos de 50 homicidios y hay días en que tenemos menos homicidios; en efecto, ayer fue el día de menos homicidios desde hace muchísimos años, 21 homicidios”, se ufanó la Presidenta en su conferencia matutina ayer desde Puebla.

Aun aceptando que las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública sean reales, con todo y reportajes y análisis que han documentado que la reclasificación de ciertos delitos por parte de las fiscalías estatales han contribuido a hacer bajar el promedio de homicidios dolosos, hay algo que no checa y no coincide entre el discurso oficial, que habla de una baja de más del 50% en el principal indicador para medir la violencia en el país, como son los homicidios dolosos, y la realidad que viven diariamente distintas regiones del país.

Porque a los terribles asesinatos del Alcalde pevemista de Temoac, contra quien ya habían atentado hace unos meses, y el brutal asesinato del periodista Leyva en Oaxaca, se suman los 10 empresarios y políticos que apenas el domingo fueron asesinados y colgados en puentes de Zacatecas, por sicarios del cártel de Sinaloa que no sólo reivindicaron la masacre, sino que además amenazaron al Gobernador morenista David Monreal de continuar asesinando a otros personajes zacatecanos, con mensajes en video en los que exigían “cumplimiento de acuerdos” hechos con su organización criminal.

Y a esos casos recientes podrían sumarse muchos otros homicidios dolosos reportados en los últimos días, semanas y meses a lo largo y ancho de la República y que tienen un común denominador: la impunidad y el descaro con el que actúa el crimen organizado, ya sean los cárteles de la droga, grupos huachicoleros o cualquier otra forma de organización criminal de las muchas que operan por todo el país a sus anchas y sin que la estrategia de seguridad que el Gobierno presenta como exitosa, les impida o inhiba en lo más mínimo a seguir matando, extorsionando, desa-

pareciendo a mexicanos, incluso menores de edad como está ocurriendo en Guadalajara y en todo Jalisco, o librando incluso guerras entre ellos como ocurre desde hace dos años en Sinaloa.

Y no es que sea algo exclusivo de este Gobierno, el divorcio abismal entre la realidad que viven los mexicanos y el discurso oficial con sus cifras y datos halagüeños.

Lo mismo hacían en su momento los gobiernos del PRI y los del PAN, como lo siguen haciendo los gobiernos de Morena que decían ser diferentes pero que, en la práctica y en su forma de gobernar, vuelven a utilizar las estadísticas hechas por ellos mismos –que además hoy ya no pueden ser revisadas vía transparencia por instituciones autónomas– para tratar de sostener un discurso falaz y feliz de que todo mejora y marcha como nunca antes había ocurrido. “El día de menos homicidios desde hace muchísimos años”.

La realidad es que, por más que las cifras oficiales digan lo contrario, la violencia criminal y narca en México está muy lejos de estar disminuyendo o retrocediendo.

Los cárteles y sus grupos de sicarios siguen actuando, en los hechos y en la práctica, con tanta impunidad que no hay quien les impida entrar hasta el despacho de un Alcalde para asesinarlo en la misma silla donde despachaba los asuntos de su municipio; o entrar por la fuerza a una casa de una periodista, como Roxana Guzmán, para llevársela secuestrada, sin que haya autoridad que lo impida ni que actúe con prontitud y eficacia para evitar su muerte bajo tortura.

Como no hay tampoco quien busque, encuentre o identifique, desde el Gobierno, a más de 130 mil desaparecidos más las decenas y cientos que se siguen sumando cada día o quien ponga fin a la extorsión multimillonaria (calculada hasta en mil 500 millones de pesos mensuales) a los limoneros de Michoacán, o la todavía mayor extorsión a los aguacateros de ese mismo estado; o el robo de combustibles, o el secuestro y desaparición con fines de trata de mujeres y niños, por no hablar de tantos otros delitos que se cometen diaria y repetidamente en el país.
Sí, las estadísticas son un mecanismo serio y confiable para medir los niveles de violencia o la incidencia delictiva, pero la realidad actual de México es mucho más compleja que unas cifras, sus promedios y porcentajes.

Esa realidad, que es la que viven los mexicanos de a pie, no se alcanza, ni se quiere ver desde la altura de los cargos políticos y gubernamentales, donde no se reconoce que la ingobernabilidad y la impunidad del narco y del crimen siguen siendo el mayor problema que enfrenta este país, junto con la colusión, corrupción u omisión de autoridades de todos los niveles, que prefieren dar discursos y presentar estadísticas positivas, porque de no hacerlo, tendrían que reconocer su fracaso e incapacidad.

De acuerdo con los datos reportados por organismos como Reporteros Sin Fronteras, Articulo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas, en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum han asesinado en México a 19 periodistas…

Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.