La Habana.- La Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Cuba aprobó un nuevo Código Penal que incluye 37 nuevos delitos y prohíbe, entre otras cosas, el financiamiento externo de medios de prensa además de reforzar las sanciones relacionadas con la corrupción.

La nueva norma -aprobada por unanimidad en esta sesión extraordinaria del Parlamento, y a casi un año de las protestas antigubernamentales del 11J– entrará en vigor dentro de 90 días a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

Aprobado por la Asamblea Nacional del #PoderPopular el Código Penal. #CubaLegisla pic.twitter.com/2w7BS29mrA

— Asamblea Nacional Cuba (@AsambleaCuba) May 15, 2022

Los diputados dieron el visto bueno al proyecto en una sesión en la que estuvo presente el presidente Miguel-Díaz Canel, y el exgobernante del país caribeño, Raúl Castro (2008-2018).

“ Cuba contará con una ley moderna, justa y atemperada a la realidad socioeconómica del país”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, al presentar el texto de la legislación que sustituye a la de 1987.

Ferro explicó que se trata de una norma que incorpora sanciones para enfrentar la discriminación en todas sus manifestaciones, la violencia de género y familiar, hechos contra personas menores de edad o en situaciones de discapacidad.

En el caso de las sanciones máximas, el Código Penal mantiene, con carácter excepcional, la posibilidad de imponer la sanción de muerte en 23 tipos penales de extrema gravedad.

El presidente del TSP aclaró que desde el año 2003 la pena capital no se aplica en Cuba y que el gobierno de la isla conmutó en 2008 las que estaban pendientes.

El documento también mantiene la exigencia de la responsabilidad penal a partir de los 16 años cumplidos.

Además prevé sancionar con hasta 10 años de prisión a toda persona que “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros” de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para “sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento, José Luis Toledo, que presentó el dictamen del nuevo Código, consideró entre sus novedades la incorporación de sanciones que dan un empleo más restringido a la privación de libertad.

“ La Asamblea de Cuba aprueba nueva Ley del Código Penal, un documento necesario e insustituible para la nación, atemperado a la realidad de #Cuba y en consonancia con los más modernos del mundo”, refirió un mensaje de la Presidencia de la República en Twitter.

La @AsambleaCuba aprueba nueva Ley del Código Penal, un documento necesario e insustituible para la nación, atemperado a la realidad de #Cuba y en consonancia con los más modernos del mundo.

📌Es justo, educativo y moderno. pic.twitter.com/4J4hie53Hy

— Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) May 15, 2022

En ese mismo sentido, el canciller insular Bruno Rodríguez calificó el documento como “un texto que propicia mayor protección a principios, derechos y garantías consagrados en la Constitución” en un texto difundido en redes sociales.

Críticas de las ONG

Activistas y opositores consideran que esta reforma acallará la protesta social y el periodismo independiente.

Sus impulsores, por otro lado, lo califican como “garantista” y actualizador, ya que el anterior -de 1987- no contemplaba delitos medioambientales, la cibercriminalidad y la violencia de género.

Originalmente el proyecto debió ser votado en abril en la ANPP, pero por motivos que no trascendieron su paso por el Legislativo se retrasó.

El nuevo código incluye 37 nuevos delitos como el de “desórdenes públicos” para penalizar “las alteraciones de esa naturaleza producidas en grupos o individualmente”.

En una nota de prensa difundida el sábado, la ONG con sede en Londres, Artículo 19, advirtió que el proyecto viola “diversas disposiciones del marco internacional de derechos humanos y se adoptan en un momento de mayor represión”.

Esta legislación no ha recibido tanta difusión mediática oficial como el Código de las Familias, una reforma que también se está tramitando actualmente en la ANPP después de tres meses de un proceso de consulta popular donde se ha explicado el contenido de este texto.

De igual forma, a diferencia del Código de las Familias, este proyecto no será sometido a referendo.