¿De dónde deben salir los recursos para pagar las pensiones? La respuesta suele ser “del gobierno” y esto es imposible, salvo que queramos quebrar las finanzas públicas del país y causar otra crisis igual o peor que la que estamos viviendo este 2020. Hasta 1997 existía en México el sistema de pensiones de beneficio definido, donde los trabajadores activos realizan una aportación obligatoria a un fondo que alcanzaba a financiar solamente una pequeñísima parte de las pensiones y el gran resto era puesto por el gobierno con recursos públicos. Esto era menos inviable en los 1970 cuando 26 trabajadores en activo financiaban a un pensionado, pero hoy esa proporción es 5 a 1. También entonces, la esperanza de vida era de 20 años menos y se pagaban las pensiones por un menor tiempo. Para enfrentar este riesgo mayúsculo para la solvencia de las finanzas públicas (ahí tenemos el ejemplo de quiebra de Grecia por este motivo en 2015), se introdujo en 1997 la reforma para un sistema de contribución definida para los afiliados al IMSS y en 2007 para los del ISSSTE, con el cual se establece una cuenta individual, propiedad privada de cada uno de los trabajadores (hoy hay 66.7 millones de cuentas), donde tanto el patrón como el empleado y el gobierno, realizan aportaciones que servirán para financiar la pensión al final de la vida laboral. La aportación para los cotizantes al IMSS es del 6.5% del salario base de cotización y para los del ISSTE del 11.3%. Este modelo le dio viabilidad financiera al sistema de pensiones, lo cual era indispensable, pero no logra dar suficiencia a la pensión. Con 6.5% de ahorro, que la mayor de las veces es intermitente (trabajo informal y/o personas que entran y salen de la cotización formal), no hay manera que se llegue al 100% de pensión o tasa de reemplazo. Y hoy tenemos el reto adicional de que las personas viven por más tiempo, por lo que los recursos deben pagar una pensión durante más años. Pero esto no es culpa de las AFOREs, es el problema del diseño del sistema que urge corregir para que haya mayor ahorro, se relajen los criterios de 1250 semanas de cotización, y se refuerce el pilar de una pensión básica universal, entre otros. Las AFOREs no vinieron a sustituir al gobierno para dar pensiones insostenibles, están para administrar de manera eficiente, rentable y transparente los recursos de los trabajadores y eso hay que exigirles. El cambio de fondo debe ser de carácter legal y tendrá que derivarse de un nuevo pacto solidario tripartita. Lo que no se vale es querer hacer apropiaciones de la propiedad privada de los trabajadores como sucedió desafortunadamente en Argentina en 2008 y ha sido una de las causas del deterioro financiero que sigue pagando ese país al día de hoy. Hay demasiadas tentaciones que debemos evitar, cuando se trata de 16% del PIB del país. No se nos olvide que es dinero privado producto del esfuerzo de las y los trabajadores de México.

Publicado en El Heraldo de México