“México no puede volver a una institución electoral alineada con el Gobierno, incapaz de garantizar la necesaria imparcialidad en todo el proceso electoral”. 

José Woldenberg 

Modificar las leyes electorales secundarias en contravención a la Constitución no fue nunca el verdadero Plan B. El presidente López Obrador sabía que las posibilidades de que la Suprema Corte avalara cambios en leyes que violan abiertamente la Constitución era muy difícil. Ni siquiera las ministras más obedientes, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz Ahlf, las aprobarían fácilmente. El verdadero plan B era llenar el Consejo General del INE con incondicionales.

Lo expresó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a los diputados oficialistas el pasado 30 de enero: “Como ustedes son gente de convicción, y saben que no vamos a suplicar la construcción de una artificial mayoría constitucional, yo les pido que cuiden el proceso y que muchos de aquí incluso fueron [seleccionados] por insaculación. Pues así se puede y se debe elegir a los consejeros electorales. Ustedes harán su trabajo, harán un comité técnico y estoy seguro que habrá perfiles de mexicanas y mexicanos íntegros, de primera, comprometidos con su país”.

Los mexicanos “de primera” no son más que personas con lealtad absoluta al régimen. “No hay que tenerle miedo a ello”, dijo Adán Augusto. “Va a ser por insaculación. Nosotros somos contrarios al ‘cuotismo’”. En vez de negociar cuotas con la oposición, el Gobierno busca llenar el consejo general del INE de cuates.

López Obrador ya ha tenido la oportunidad de influir sobre la designación de consejeros electorales y de ministros de la Suprema Corte. En 2020 los diputados nombraron a cuatro consejeros electorales, y por lo menos dos, Carla Humphrey y Uuc-kib Espadas, fueron impulsados por la mayoría morenista. Sin embargo, su comportamiento como consejeros, igual que el de los otros dos, Norma Irene de la Cruz y José Martín Faz, ha sido de plena imparcialidad. Por eso el Presidente, quien pensaba que los consejeros y ministros de la Corte designados bajo su mando debían obedecerlo ciegamente, ha mostrado su decepción. A los ministros que pese a haber sido propuestos por él han votado contra sus propuestas los ha llamado “falsarios” e “hipócritas”. Ha arremetido también contra el Consejo General del INE, cuyos 11 integrantes se han opuesto a las reformas en leyes secundarias. La instrucción ahora es que los cuatro nuevos consejeros sean incondicionales, tanto como Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La estrategia se está aplicando. Primero se formó un comité técnico de evaluación con varios integrantes vinculados al Presidente y el partido de Gobierno, como el periodista y militante Enrique Galván Ochoa. Varios candidatos que han quedado entre los finalistas tienen también afinidad con el régimen, como Bertha Alcalde Luján, hija de Bertha Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena. La aparente filtración adelantada a algunos aspirantes de las preguntas del examen parece haber sido parte de la estrategia. Del lado positivo, el aspirante que más puntos acertados tuvo en ese examen, Jaime Castañeda, excoordinador de asesores en la representación de Morena en el INE, no apareció en la lista de finalistas.

Para la democracia, lo mejor sería que los partidos negociaran y lograran acuerdos para nombrar a consejeros que representaran distintos puntos de vista. No hay nada más democrático que la diversidad. Sin embargo, el secretario López Hernández ya ha dado instrucciones: nada de negociación y nada de cuotas, solo cuates.

Humphrey

Respeto la decisión del Tribunal Electoral, pero no la comparto. Es pésima idea que la nueva presidenta del INE provenga de una quinteta de candidatas sin experiencia en el INE. Se debió permitir a la consejera Carla Humphrey competir por la presidencia. Tener al mando a alguien con experiencia es importante.