Ciudad de México.- Como parte del periodo extraordinario de sesiones, el Congreso de la Unión realizó una serie de modificaciones a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, para dar paso a la CURP Biométrica, que se busca sea el documento oficial de identidad. Algo que los expresidentes Felipe Calderón y Peña Nieto buscaron con la cédula de identidad.

En julio de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón anunció la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana, un documento que sustituiría a la credencial del IFE (Instituto Federal Electoral). Dicha cédula contendría el rostro, las huellas dactilares y hasta el iris de cada persona, con la finalidad de permitir la verificación automática de la identidad de las y los mexicanos.

Fernando Gómez Mont, quien por aquel entonces era el secretario de Gobernación, detalló que la cédula tendría la fotografía de cada persona, una banda magnética, las huellas dactilares y hasta el tipo de sangre. La idea era hacer más eficiente la entrega de programas sociales y agilizar los trámites, ya que era considerado como un documento infalsificable al tener datos biométricos.

Aunque la promesa era dotar a cada mexicano de la cédula para el final de su sexenio, no se concretó la entrega del documento. La administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) retomó la iniciativa de crear la Cédula de Identidad Ciudadana y hasta se presentaron iniciativas al respecto ante el Congreso de la Unión.

El llamado Pacto por México, firmado entre la Presidencia de la República -a cargo de Peña Nieto- y tres partidos políticos (PRI, PAN y PRD)- retomó la Cédula de Identidad a través de su compromiso número 33. El proyecto presentado por la entonces diputada del PRI, Aleida Alavez, contempló que la Cédula de Identidad debía tener estos elementos:

• Apellido paterno, materno y nombre
• CURP
• Fotografía del titular
• Lugar de nacimiento
• Fecha de nacimiento
• Firma y huella dactilar

¿Y qué pasó con la Cédula de Identidad Ciudadana?

En diciembre de 2018, el diario Reforma reveló que 1.6 millones de cédulas de identidad infantiles, realizadas en la administración de Felipe Calderón (2006-2012), fueron desechadas y trituradas; es decir, no fueron entregadas. Estos documentos tuvieron un costo de 2 mil 319 millones de pesos.

Lo anterior fue dado a conocer en el documento de entrega-recepción de la Secretaría de Gobernación, del gobierno de Peña Nieto al del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), donde se especificó que las cédulas eran resguardadas por el Registro Nacional de Población (Renapo) y luego fueron trituradas.

Y la destrucción de las cédulas de identidad tuvo un costo de 589 mil 347 pesos, según la información revelada. Y a pesar de que el Pacto por México retomó la idea de este documento, en octubre de 2015, la Secretaría de Gobernación decidió cancelar la emisión del mismo, ya que no “cumplió con su finalidad”, dijo Humberto Roque, entonces subsecretario de Población.

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Con información de Radio Fórmula