Ciudad de México.- Un juez federal condenó a 40 años y nueve meses de prisión a cuatro soldados pertenecientes al XVI Regimiento de Caballería Motorizada, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por su participación en la masacre de cinco jóvenes y causar lesiones a otros dos, hechos ocurridos el 26 de febrero de 2023.

En conferencia de prensa, familiares de las víctimas celebraron la sentencia del juez Juan Gonzaga Sandoval emitida en contra de los cabos de Caballería Juan Carlos Gámez Mendoza, Agustín Cornelio Sánchez Reyes, Bernardo Reyes Sánchez y Jorge Nicolás López, “quienes se encuentran domiciliados en el Campo Militar Número 1 bajo la Custodia de Guardia Nacional en tanto se resuelve su sentencia definitiva”.

Acompañados del presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez y de los abogados Edgar Netro Acuña y Roberto Puente Martínez, los familiares resaltaron que, una vez que la sentencia quede firme, el oficial militar que esté a cargo del XVI Regimiento de Caballería Motorizada estará obligado a ofrecer una disculpa pública a familiares de las víctimas, “como medida de satisfacción y para honrar su memoria”, por haber sido “criminalizados en perfiles de redes sociales y medios de comunicación afines a las Fuerzas Armadas”.

Los padres y madres de los jóvenes acribillados por militares, Gustavo Suárez, Wilberto Mata Estrada, Jonathan Aguilar Sánchez, Alejandro Trujillo Rocha y Gustavo Pérez Benítez, alertaron que los soldados sentenciados pueden apelar la condena, por lo que hicieron un llamado a integrantes del Poder Judicial federal, a dejar en firme la condena de 40 años y nueve meses, por homicidio y homicidio en grado de tentativa, con la finalidad de que no se vuelvan a repetir actos similares.

Los familiares Amalia Rocha, Rubén Mata, Arturo Suárez, Rosa Elia Benítez, Dora María Ramos, Lorena Estrada y Elizabeth Sánchez, resaltaron que la sentencia contra los militares es la primera relacionada con abusos cometidos en Nuevo Laredo por miembros del Ejército mexicano, en particular contra miembros del XVI Regimiento de Caballería Motorizada.

Los abogados Edgar Netro y Roberto Puente explicaron que mientras la sentencia no esté firme, los soldados sentenciados seguirán el proceso en libertad, bajo vigilancia de la Guardia Nacional, y estarán obligados a acudir a firmar cada semana a la prisión del Campo Militar Número Uno en Ciudad de México.

Agregaron que una vez que se defina la sentencia, los inculpados deberán purgar su condena en una prisión civil federal.

El presidente del CHNL, Raymundo Ramos, recordó que en los hechos del 27 de febrero de 2023, “participaron más militares, pero, lamentablemente, la manipulación de evidencias, la protección a la cadena de mando por parte del secretario de la Defensa en turno (Luis Cresencio Sandoval), y la poca colaboración de la Sedena, la sentencia sólo se dio para cuatro soldados”.

El defensor consideró que la sentencia es también un mensaje para los integrantes de las fuerzas castrenses para no atender órdenes de superiores cuando van en el sentido de “cometer un delito o una violación de derechos humanos, y si obedecen, reporten de inmediato a quien haya dado la orden, y de esa manera sean los mandos y no la tropa los que enfrenten prisión”.

Asimismo, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a destituir al comandante del XVI Regimiento de Caballería Motorizada, Miguel Ángel Ramírez Canchola, por “tener las manos manchadas de sangre”.

Para el defensor, Ramírez Canchola tendría que ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) porque durante su gestión se cometieron otras violaciones a derechos humanos.

Recordó que en 2021, cuando estaba al frente de la instalación militar, se registró la ejecución extrajudicial de cinco civiles, hechos registrados en septiembre en la colonia Nueva Era de Nuevo Laredo, y por lo que Ramírez Canchola “fue reubicado en las oficinas centrales de la Sedena, regresando a Nuevo Laredo en octubre de 2024, fecha en que una enfermera, una niña y un joven que se encontraba en calidad de secuestrado, fueron acribillados por soldados del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, respectivamente”.

En un comunicado, la organización civil agregó que “otra víctima bajo el mando del general Ramírez Canchola es Esteban Durán Álvarez de 47 años, quien el pasado 20 de noviembre de 2024 fue detenido por un grupo de militares y después de ser torturado hasta causarle la muerte, fue abandonado en un predio en la colonia El Bayito”, caso que dio origen a una carpeta de investigación por parte de la FGR y a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Con información de Proceso