Managua.- Dos hombres inculpados por el asesinato de una persona transexual fueron los primeros en ser condenados a cadena perpetua en la historia de Nicaragua, informó este sábado el Poder Judicial.

La prisión perpetua fue dictada por primera vez en el municipio de Chinandega (noroeste), por la juez Rosa Velia Baca Cardoza, a los reos Bernardo Arístides Pastrana Ochoa y Jorge Luis Mondragón Acosta, quienes se habían declarado culpables por el delito de asesinato agravado, según la información divulgada a través de medios del Gobierno.

La nueva pena máxima, establecida en medio de polémica, entró en vigor el 19 de enero pasado, un día después de que la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó la ley en segunda legislatura.

Hasta enero pasado la pena máxima en Nicaragua era de 30 años de cárcel. Para establecer la prisión de por vida los diputados necesitaron reformar la Constitución.

De acuerdo con la enmienda, la cadena perpetua fue creada para “crímenes de odio”, será revisable, y aplicará “excepcionalmente” a “las personas condenadas por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia, en la comunidad nacional”.

La judicial, que emitió el veredicto ayer viernes, consideró que los inculpados merecían la cadena perpetua por la forma en que fue asesinada la víctima, José Manuel Contreras, conocido como “Lala”.

Según la Fiscalía, el 3 de marzo pasado, luego de discutir con Contreras, Pastrana amarró del cuello a la víctima, la subió a un caballo y la arrastró hasta morir, luego la abandonó en un predio baldío.

Mondragón fue declarado culpable por su papel de “coautor”, al no hacer nada por defender a Contreras, pero además, por lanzar piedras al rostro de la víctima una vez que estaba muerta, y patear su cadáver.

La cadena perpetua fue aprobada en un ambiente de polémica, debido a la discrecionalidad con la que puede ser aplicada, según los abogados.

La polémica también creció por haber sido establecida en el contexto electoral, junto con leyes que abrieron las puertas a posibles acusaciones contra los candidatos que compitan con el presidente Daniel Ortega, quien busca su tercera reelección consecutiva.