Saltillo, Coah.- El alcalde José María Fraustro Siller adelantó que los presidentes municipales de las capitales mexicanas, preparan un frente común contra el llamado “Plan B” electoral del Gobierno federal. Por su parte, el municipio de Monclova ya promovió una demanda de controversia al respecto, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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De seguro vamos a estar unidos todos los alcaldes. Tenemos una reunión el 15 de febrero en Mérida, Yucatán, allí estamos convocados quienes encabezamos las capitales, y en ese momento vamos a emitir un comunicado nacional”, afirmó.

Consideró que las reformas violentan la autonomía de los municipios, garantizada en la Constitución.

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Tenemos muchas cosas que comunicar de manera adecuada a la sociedad, sobre las acciones que hacemos, y de todas las cosas que puedan ocurrir, y ahora hay restricciones. Esto no puede ser, porque nosotros no tenemos mucho tiempo, como el Gobierno federal, para hacer llegar sus programas a la sociedad mediante tiempos oficiales”, expuso.

Rosa Nilda González Noriega, síndica de mayoría en su calidad de representante de Monclova, informó que se firmó la demanda de controversia constitucional, porque están en desacuerdo con el decreto, el cual consideran que es un agravio a la libre administración hacendaria y al principio de autonomía municipal, además de que viola el derecho humano al acceso a la información.

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Este ‘Plan B’ afectará las decisiones y las autonomías de los municipios, y es por eso que estamos trabajando. Nos estamos uniendo a Chihuahua, nos estamos uniendo a Mérida, Yucatán, y a otros municipios del país. El día de hoy estaremos presentando esta iniciativa”, señaló el Edil monclovense, Mario Dávila.

A través de la demanda de controversia constitucional se solicita la suspensión del decreto para evitar la materialización de la violación a la autonomía hacendaria y financiera municipal, así como evitar el daño irreparable a los derechos humanos.

En la demanda se señala que la suspensión en las controversias constitucionales forman parte de las medidas cautelares que se pueden solicitar, pues es con el fin de asegurar el bien jurídico tutelado, en este caso la autonomía financiera municipal y el derecho a la información.

 Con información de Arturo Estrada, Diana Martínez y Silvia Mancha