Ciudad de México.- El caso judicial con el cual el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusa de narcotráfico al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, incluye también a la cúpula del Cártel de Sinaloa, al igual que presuntos traficantes de precursores de fentanilo originarios de China.

Los documentos revisados por Aristegui Noticias dan cuenta de una posible red de corrupción y narcotráfico que involucra a Rocha Moya, colaboradores cercanos y mandos policiales, quienes presuntamente facilitaron el tráfico de fentanilo, cocaína y heroína hacia territorio estadounidense a cambio de beneficios económicos.

La primera acusación se remonta a abril de 2023, durante la administración de Joe Biden, contra 23 individuos, incluidos los “Chapitos”, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como capos del Cártel de Sinaloa como Óscar Noé Medina González “El Panu” y Néstor Isidro Pérez Salas “El Nini”.

Iván Archivaldo, alias “El Chapito”, es identificado como el líder del aparato de seguridad del cártel y se le atribuye haber ordenado secuestros y asesinatos de agentes de la ley y rivales, incluyendo la tortura de miembros de Los Zetas en 2017. Su hermano, Jesús Alfredo Guzmán es señalado como quien coordinaba el envío de precursores químicos desde China a través del aeropuerto de la Ciudad de México. Ovidio Guzmán López, “el Ratón”, es descrito como el responsable primario de la fabricación de fentanilo, habiendo controlado el primer laboratorio de este tipo en 2014.

La audiencia intermedia en Estados Unidos para deliberar el futuro y posible sentencia a Ovidio Guzmán será, según registros judiciales citados por Semanario Zeta, el 27 de julio. Según dijo la periodista Anabel Hernández durante Aristegui en Vivo, Ovidio Guzmán y Néstor Isidro Pérez podrían ser testigos contra Rocha Moya.

La acusación llega hasta personajes del continente asiático, como Kun Jiang, presuntamente una de las principales fuentes de suministro en China de precursores de fentanilo para el Cártel de Sinaloa.

Según el expediente, Jiang, al igual que otros proveedores de precursores de fentanilo con sede en China, envía su producto a México, incluso utilizando aerolíneas chinas.

Otros acusados chinos son Yonghao Wu, Yaqin Wu y Huatao Yao; este último es dueño de Wuhan Shuokang Biological Technology Ltd., o “SK Biotech”, una empresa química con sede en China que también vende clandestinamente precursores químicos de fentanilo a narcotraficantes en México.

La operatividad táctica del Cártel de Sinaloa recaía, según los documentos consultados, en figuras como Óscar Noé Medina González, principal lugarteniente de Iván Archivaldo, quien fue asesinado el 21 de diciembre de 2025 en un ataque armado dentro de un restaurante ubicado en la Zona Rosa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Como operador principal también se acusa a Néstor Isidro Pérez Salas, “El Nini”, quien fue procesado tras su captura en México y subsecuente extradición a Estados Unidos.

Desde 2023, el caso ha avanzado mediante acuerdos de culpabilidad y sentencias. El 28 de enero de 2026, Ana Gabriela Rubio Zea, una operadora con base en Guatemala que adquiría precursores químicos de proveedores chinos, fue sentenciada a tiempo cumplido más seis meses de prisión tras colaborar con el gobierno estadounidense. Asimismo, el 2 de diciembre de 2025 se presentó el memorándum de sentencia para Sergio Duarte Frías, quien admitió su culpabilidad en la conspiración para lavar dinero mediante el uso de criptomonedas, una técnica también atribuida a Mario Alberto Jiménez Castro, alias “Kastor”.

Así, dentro del mismo caso, el DOJ formalizó el pasado 29 de abril la acusación formal por narcotráfico, avalada por un Gran Jurado, en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador y exsecretario general Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; los exjefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector policial, José Antonio Dionisio Hipólito; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y el excomandante municipal Juan Valenzuela Millán.

El gobierno de Estados Unidos solicitó la detención con fines de extradición de los funcionarios sinaloenses, tal como confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de un comunicado, en el cual también se revela que las 10 solicitudes formales de extradición fueron entregadas al gobierno de México el martes 28 de abril de 20026 a las 18 horas.

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Rocha Moya y su círculo enfrentan cargos por conspiración para importar narcóticos, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Según el texto judicial, al mandatario estatal se le acusa de apoyar al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, permitiendo que “Los Chapitos” operen con impunidad en la región.

Enrique Inzunza Cázares, actual senador por Sinaloa, es señalado de reunirse con líderes de la organización criminal y acordar planes para apoyar y proteger al cártel.

El subprocurador Dámaso Castro Zaavedra y los exjefes de la Policía de Investigación, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, son señalados por recibir sobornos mensuales a cambio de proteger a los miembros del grupo delictivo y ordenar su liberación en caso de detenciones. Por su parte, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, es acusado de proporcionar avisos anticipados de redadas.

A su vez, Juan de Dios Gámez Mendívil y el comandante Juan Valenzuela Millán habrían permitido la operación delictiva sin interferencia, llegando este último a ser acusado de utilizar la fuerza policial para colaborar en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA y sus familiares en octubre de 2023.

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Frente a las acusaciones, el gobierno de México, la Fiscalía Genera de la República y el partido Morena se han alineado para exigir mayores evidencias para detener al mandatario estatal con licencia, aún cuando “El Nini” sí fue extraditado a petición de Estados Unidos y procesado dentro del mismo expediente penal.

Por otra parte, dirigentes y legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron este lunes la presentación de una solicitud formal de juicio político en contra de Rubén Rocha Moya para buscar su separación definitiva del cargo y evitar que solicite su reincorporación al gobierno para reactivar su fuero constitucional.

Con información de Aristegui Noticias