Una de sus víctimas denunció ante las autoridades y tras las primeras investigaciones, la autoridad logró establecer que la mujer no es parte de ninguna institución gubernamental.

La mujer se presentaba como empleada del Gobierno estatal para ofrecer predios y otros inmuebles supuestamente propiedad del gobierno estatal a bajo costo, diciendo que eran remates que estaban realizando las instituciones públicas, pero en realidad se trataba de una estafa. 
Sin embargo, ninguno de estos bienes estaba a la venta o formaban parte del patrimonio del Estado.

Por lo anterior, la mujer fue detenida y vinculada a proceso, por lo que se dictó como medida cautelar la prisión preventiva, además de dos meses de investigación complementaria.