La decisión del presidente López Obrador de desmantelar toda la estructura de organismos autónomos, desconcentrados y descentralizados del Gobierno federal va tan en serio, que ha sido declarada por el Mandatario como una de sus nuevas prioridades y como la continuidad de sus políticas de “austeridad y ahorros”.

En su reunión de Gabinete del lunes pasado, el Presidente les dijo a sus colaboradores que la eliminación de esos órganos –que en muchos casos son contrapesos y equilibrios al poder presidencial– es “el siguiente paso tras la eliminación de los fideicomisos” y que comenzará con la eliminación de al menos unos 20 organismos, de una lista total de 230 instituciones que cuestan 438 mil millones de pesos al erario federal.

La meta inmediata es ahorrar 43 mil millones de pesos, 10% del presupuesto total que reciben los autónomos y desconcentrados, recursos que serán destinados “a las vacunas y hospitales contra el Covid”, según la explicación del Presidente a su Gabinete.

El que se decida dejar la de–saparición de organismos constitucionales para después de la contienda electoral de este año, significa dos cosas: una, que en estos momentos el Presidente no ve condiciones políticas en el Congreso, en medio de la lucha electoral ya en marcha, y la otra lectura es que está apostando con todo a que Morena ratificará su mayoría e iría por un segundo paquete de reformas a la Constitución que incluyen la desaparición de los autónomos.

‘El Ifetel se queda’

Los institutos y organismos autónomos que estén protegidos por el T-MEC, no se van a tocar y seguirán operando como hasta ahora, explicó el Presidente, aunque sí se buscaría redimensionarlos, para que cuesten menos a los mexicanos.

Y la iniciativa de reforma constitucional para desaparecer órganos autónomos iría acompañada de otra reforma a la Carta Magna para que nadie, ningún funcionario o servidor púbico, pueda ganar un sueldo mayor al que recibe el Presidente de la República. La consigna es que “nadie, ningún funcionario vuelva a ver al Gobierno y los cargos públicos como un botín”.

López Obrador fue más que claro con sus colaboradores sobre la intención de iniciar de inmediato la desaparición de distintos organismos e institutos creados en las últimas décadas, bajo el esquema de autonomía, ya sea presupuestal o constitucional en la estructura de la Administración federal.

Y aunque el Presidente apuesta por ratificar su mayoría en las próximas elecciones, también sabe que podría perder esa mayoría y en ese caso, si no pudiera concretar las reformas constitucionales para desaparecer órganos autónomos después de los comicios y hay resistencias de una eventual mayoría opositora para aprobárselas, ya tiene pensado su plan B: convocaría a una consulta popular, un plebiscito para preguntarle a la gente: “¿En qué prefieres que se gaste el presupuesto: en una burocracia dorada o en medicinas y hospitales para la gente?”.

¿Alguien duda de cuál será la respuesta a esa pregunta claramente sesgada? Así de clara es la determinación de López Obrador para eliminar a los órganos desconcentrados, descentralizados y autónomos, como ya hizo con los fideicomisos sin importarle ni escuchar las voces de científicos, artistas, deportistas y demás afectados que clamaron por evitar esa desaparición.

Esta vez parece que tampoco piensa escuchar a las muchas voces que ya cuestionan y anticipan un retroceso en la medida porque eliminará contrapesos ciudadanos y aumentará el poder presidencial y la opacidad y discrecionalidad del Gobierno.

En Palacio Nacional están decididos, en lo que le resta a este sexenio, a deconstruir lo que queda del maltrecho Estado mexicano y sus instituciones, mientras se reconstruye el viejo presidencialismo omnipotente y omnímodo que tanto nos costó a los mexicanos…. Los dados mandan escalera doble.