Saltillo.- El Gobierno de Coahuila está obligado a abogar por los coahuilenses sentenciados a muerte fuera del estado, e intentar se le conceda el indulto, dar amnistía o conmutar la pena, de acuerdo con la carta de derechos civiles que se elevó a rango constitucional este
viernes.

Durante la pasada sesión del Congreso local se aprobó incorporar al Artículo 7 de la Constitución de Coahuila, la Carta de Derechos Civiles, a propuesta del Gobernador del Estado, luego de recoger las aportaciones de expertos y representantes de la sociedad civil, en sesiones del Parlamento abierto, como parte del Plan Estatal de Derechos Humanos.

Entre los derechos civiles que contiene la carta aprobada por los legisladores, está que la pena de muerte queda absolutamente prohibida en Coahuila, pero además, en el Artículo 32 de ese documento, se establece que:

“

Los condenados a muerte fuera de Coahuila, tendrán derecho a que las autoridades locales realicen todas las gestiones necesarias, dentro de sus atribuciones, para conseguir ante las autoridades competentes la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, bajo el principio de tutela local”.

Lo anterior obliga al Gobierno del Estado, Poder Judicial, poderes municipales y hasta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Coahuila a iniciar procedimientos cuando en algún otro país, un coahuilense sea sentenciado a la pena capital.

Coahuilenses en EU

Hasta el momento, según la Secretaría de Relaciones Exteriores, existen alrededor de 50 mexicanos sentenciados a pena de muerte, solo en Estados Unidos, de los que se desconoce si alguno de ellos es ciudadano coahuilense.

El cumplimiento de lo ordenado por la Carta de derechos civiles, a partir de que  fue aprobada por el Congreso y sea publicado en el Periódico Oficial del Estado, es una obligación para las autoridades estatales, al mismo grado que lo contenido en la misma Constitución de Coahuila.