Ciudad de México.-El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) señaló la posibilidad de que se genere un entorno de incertidumbre en la regulación y competencia económica en telecomunicaciones, tras aprobarse en el Senado de la República la extinción de los siete organismos autónomos.

“Consideramos indispensable llamar la atención sobre algunos aspectos de esta reforma que podrían generar incertidumbre y limitar la adecuada aplicación de la regulación sectorial y de competencia económica en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, señaló el regulador la mañana de este viernes.

Durante la jornada de ayer, el Senado de la República aprobó con 86 votos a favor y 42 en contra la reforma constitucional para desaparecer a siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión de Competencia Económica (Cofece) y el propio IFT.

El Instituto resaltó que el mejor diseño institucional para la regulación de estos sectores, es la autonomía constitucional; y no una desagregación de sus facultades en distintas instancias gubernamentales.

Por lo anterior, demandó que en las leyes secundarias se pueda analizar la imparcialidad técnica, independencia presupuestaria y la toma de decisiones colegiadas.

“Se requiere un órgano regulador sectorial, que garantice decisiones técnicas e imparciales, lo cual es particularmente relevante en el contexto actual, en el que existen concesionarios con participación pública que operan redes de telecomunicaciones y prestan estos servicios en el País, sin comprometer el cumplimiento de acuerdos internacionales”, sostuvo.

Añadió que es indispensable considerar la compleja relación entre regulación sectorial y competencia económica, segmentar las facultades regulatorias puede generar inconsistencias, ineficiencias y una inadecuada implementación de las políticas de competencia económica.

También señaló que es primordial mantener el capital humano especializado, resultado de años de capacitación e inversión de recursos para la formación de personas servidoras públicas por parte del Estado Mexicano.

“Se requieren conocimientos altamente especializados en disciplinas tecnológicas, económicas y jurídicas.

“Los resultados de la labor institucional no habrían sido posibles sin el compromiso y la alta especialización del talento humano que construye día con día una institución eficiente y eficaz”, concluyó.