El pasado martes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, resolvió una impugnación presentada por quien esto escribe queriendo hacer valer mis supuestos derechos políticos ciudadanos. En dicha impugnación denuncié la candidatura a la Diputación plurinominal propuesta por el Partido del Trabajo, la cual se auto asignó la actual comisionada política en Coahuila de dicho partido. Lo anterior porque tengo la certeza que esta persona no cumple con los requisitos de elegibilidad que contempla nuestra Constitución Política local en su artículo 36, el cual exige que para ser diputado propietario o suplente se requiere ser ciudadano coahuilense o estar avecindado en el Estado cuando menos tres años antes al día de la elección.

Aunque Usted no lo crea, la candidata a la curul plurinominal por el Partido del Trabajo, tiene y siempre ha tenido como lugar de residencia el vecino estado de Nuevo León, por lo que evidentemente por nada cumple con dicho requisito. Como pruebas, en mi escrito de impugnación ofrecí documentales, tales como la propia identificación INE con su verdadero domicilio y otros documentos en los cuales declara que nunca ha residido en donde ahora falsamente asegura hacerlo.

Cabe mencionar que para simular el cumplimiento de este requisito, los denunciados exhibieron primero, un carta de residencia emitida por el R. Ayuntamiento de Saltillo en la cual aseguraba tener 20 años de residir en nuestro estado, luego ante la exagerada mentira ofrecieron una nueva constancia por solo cuatro años, que aunque atenuaba la mentira tampoco era real. Ahora bien, debo mencionar que dichas constancias son bastante fáciles de obtener, ya que para ello solo se requiere llevar a dos testigos que estén dispuestos o sean obligados a mentir a los funcionarios del ayuntamiento saltillense.

A pesar de lo anterior y de las pruebas ofrecidas el Tribunal Electoral local en una acción por demás parcial y en colusión con el partido denunciado, decidió desechar de plano mi impugnación y evitar con esto entrar al estudio del asunto y examinar mis probanzas. Todo esto bajo el argumento de que para la promoción de un Juicio de Derechos Ciudadanos es necesario tener un interés jurídico y legítimo en el acto ilegal que se denuncia. Es decir, que para que mi denuncia pudiera ser tomada en cuenta debía probar que tal ilegalidad me traería una afectación personal, además de decirme que esa facultad de queja solo la tienen los dirigentes de los partidos políticos y los candidatos, aunque lo denunciado sea evidentemente ilícito, ¡como si la legalidad de una elección constitucional fuera un asunto solamente de particulares!

Ante tal violación a la legalidad de nuestra elección procurada por los mismos miembros del Tribunal Electoral Local, en las próximas horas tendré que promover un nuevo recurso de inconformidad contra la aberrante sentencia. Todo lo anterior, solo por estar convencido de que, contrario a lo que consideran los magistrados electorales locales, los ciudadanos sí tenemos la legitimidad suficiente para denunciar cualquier ilegalidad cometida por los actores políticos o quizá nuestros magistrados esperan que sea la misma candidata la que, en un arranque de consciencia y honestidad, renuncie voluntariamente a la candidatura que ilegalmente obtuvo. Situación que seguramente no sucederá.