Ciudad de México.- Personal de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha sido denunciado por lucrar con la entrega de permisos para gasolineras y por pedir “cooperaciones” para agilizar los trámites.

En una denuncia presentada el 21 de octubre de 2020 ante el órgano interno de control de la CRE y desechada apenas en mayo pasado, se involucra a una comisionada y un excomisionado, ambos elegidos por el Senado tras formar parte de una terna propuesta por el Ejecutivo.

En febrero del 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a cuatro candidatos para suplir las vacantes de comisionados que se tenían en el órgano regulador bajo el argumento de limpiar de corrupción a estos organismos por presuntamente favorecer a empresas privadas.

En la denuncia se señala a la comisionada Guadalupe Escalante Benítez; a su jefe de oficina, David Daniel Elvira; al jefe de la Unidad de Hidrocarburos, Gustavo Sánchez Lugo, así como al excomisionado José Alberto Celestinos y a su jefe de oficina Alejandro Ledezma, de recibir pagos por pasar las solicitudes de permiso al pleno del órgano regulador para su aprobación.

Modus operandi

El documento menciona que ambos comisionados despachaban desde una oficina ubicada en Viaducto 106 como una extensión de las instalaciones de la Comisión, en la que negociaron con particulares pagos para agilizar permisos de estaciones de servicio.

La oficina señalada pertenece al excomisionado Celestinos, confirmaron fuentes relacionadas con el tema. Actualmente, Celestinos es asesor de la titular de Energía, Rocío Nahle.

Al ser consultado, Celestinos declinó dar su versión.

Los montos para agilizar los permisos eran hasta de 500 mil pesos, de acuerdo con la denuncia.

Audios

En dos audios de llamadas de noviembre del año pasado, particulares llaman a la oficina de los “gestores” y preguntan por el estatus de sus permisos, los cuales, dijeron, habían sobrepasado el tiempo de espera tras los supuestos pagos.

En los audios se menciona a la empresa Kokani S, cuyos accionistas son Martha Solís, Juan Morfín, Salvador Campos y Martha Elena Bartolo, quien afirma haber hecho una “contribución” que le fue solicitada por Sánchez Lugo y Maldonado para la obtención de su permiso. 

La otra firma es Altus Energy, cuyos representante legal es Jaime Humberto Álvarez, y que cuenta con una gasolinera en Aguascalientes.