Ciudad de México.- Funcionarios cercanos al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, entregaron contratos a una red de empresas fantasma para la compra de productos que debían destinarse a población vulnerable, pero que nunca llegaron a su destino. Esta investigación fue posible gracias al apoyo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

El procedimiento es simple: al arranque del sexenio se selecciona a promotores del voto del PRI, se les pide su firma sin decirles para qué la quieren y estas se usan para crear nuevas empresas. A estas compañías se les asigna un domicilio fiscal falso, que ninguna autoridad revisa.

Una vez creadas, las empresas se registran como proveedoras del Gobierno, capaces de vender desde pañales hasta cemento. Un pequeño grupo de funcionarios, cercanos al Gobernador, se asegura que se les otorguen contratos, vía adjudicaciones directas o licitaciones cerradas.

En estos contratos se finge la compra de productos, que debían distribuirse en zonas populares, pero de los que no hay constancia que hayan sido entregados. Después de obtener el dinero, la empresa cierra.

El Gobierno de Veracruz utilizó este mismo procedimiento una y otra vez para desaparecer al menos 645 millones 693 mil pesos entre 2012 y 2013.

En esos años, funcionarios de la administración de Javier Duarte en Veracruz firmaron 73 contratos para la adquisición y distribución de bienes que, en el papel, serían destinados a personas en situación de pobreza, damnificados por desastres naturales, niños y ancianos. Pero que no hay constancia de que fueran entregados.

Las secretarías locales de Educación, Protección Civil, Desarrollo Social y el DIF estatal fueron las responsables de firmar estos contratos, que en todos los casos fueron concedidos a una red de 21 empresas, las cuales tienen diversos elementos en común: fueron fundadas al arranque del sexenio de Javier Duarte, desaparecieron después de conseguir el contrato, o –como ocurre con 13 de ellas– los socios están relacionados entre sí.

No son las únicas “coincidencias”: 12 fueron registradas ante la Secretaría de Economía con las mismas dos direcciones de correo electrónico y 11 están ubicadas en un mismo barrio habitacional popular. En todos los casos, las direcciones fiscales son casas, vecindades, lotes baldíos, panaderías o herrerías, en las cuales los dueños o inquilinos aseguran que nunca ha existido una empresa y menos aún que reciban contratos millonarios.

En las entregas siguientes, Animal Político explicará a detalle cuáles son estas compañías y sus nexos entre ellas. En tanto, se puede adelantar que no sólo hay empresas fantasma, sino que además los productos que supuestamente se adquirieron no llegaron a su destino o es imposible saber qué ocurrió con ellos, porque las dependencias involucradas reconocieron que no tienen ningún comprobante que pruebe su entrega. Un grafólogo revisó las firmas que aparecen en los contratos y determinó que son falsas o no corresponden a la misma persona.

Los contratos fueron firmados por un pequeño grupo de funcionarios que pertenecen al grupo político de Javier Duarte desde hace años. Son los mismos que han ocupado en este sexenio las oficialías mayores o tesorerías de las principales dependencias públicas y se han relevado unos a otros.

INVOLUCRADOS

Estos funcionarios son los mismos que han estado presuntamente involucrados en otros casos de corrupción y hasta se han anunciado investigaciones en su contra, averiguaciones previas abiertas o denuncias de la Auditoría Superior, pero nada ha pasado.

Está, por ejemplo, Édgar Spinoso, quien fue oficial mayor de la Secretaría de Educación hasta que fue removido porque la Auditoría Superior de la Federación alertó de posibles desvíos en más de 80% de las aportaciones federales para los programas en Educación. Pero eso no hizo que terminara su carrera política y hoy Spinoso es diputado federal.

Otro es Vicente Benítez González, quien era el subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol-Veracruz y quien colabora con Duarte desde que éste era diputado federal, en 2009. Benítez era tesorero en la Secretaría de Finanzas local cuando, en enero de 2012, la Policía Federal decomisó una maleta con 25 millones de pesos en efectivo que llevaban dos funcionarios de esa Secretaría de Finanzas de Veracruz. Tras este hecho, Duarte anunció la renuncia de Benítez al cargo de tesorero.

Un ejemplo más de los funcionarios de las dependencias que avalaron los 73 contratos: Tarek Abdalá Saad, quien fue director de Finanzas y Administración de DIF y más tarde sustituyó a Vicente Benítez.

Tarek Abdalá es hoy diputado federal por Cosamaloapan y la PGR tiene abiertas tres averiguaciones previas vinculadas por el presunto desvío de más de casi 2 mil millones de pesos.

En Educación

Entre octubre de 2012 y marzo de 2013, la Secretaría de Educación de Veracruz adjudicó siete contratos a seis empresas por un total de 324 millones 414 mil pesos para la compra de materiales didácticos. En este caso se entregaron vía adjudicaciones directas, a pesar de que la Ley de Adquisiciones de Veracruz sólo permite esta opción en situaciones de “emergencia”.

Una de las empresas fue Abastecedora Romcru, que recibió un contrato por 131 millones. Está registrada con uno de los dos correos electrónicos con los que 12 de estas empresas se dieron de alta. Su accionista, Raúl Chirinos Escobar, niega ser dueño de empresa alguna.

Para el DIF

El DIF estatal dio, entre 2012 y 2013, 12 contratos a esta red de empresas. Los conceptos fueron: juguetes, pañales dese-chables para adultos mayores, sistemas de purificación, mochilas escolares, productos de limpieza y paquetes escolares.

Entre ellas está la ya mencionada Abastecedora Romcru, con un contrato de 4 millones 114 mil pesos por electrodomésticos, o Pefraco, a la que le dieron un contrato de 6 millones 31 mil pesos por mochilas escolares, y que también recibió una adjudicación de la Secretaría de Educación local.

De nueva cuenta no hubo competencia abierta: todo se entregó mediante licitaciones simplificadas a compañías invitadas directamente por la dependencia.

En dos ocasiones se hicieron solicitudes de información sobre los contratos. No se proporcionó la información. Sólo se envió un link a una página web de la dependencia donde aparecen los documentos de la licitación y una síntesis del contrato, pero no el documento íntegro.

Protección Civil

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz entregó en 2013 nueve contratos a cuatro empresas de esta misma red por un total de 29 millones 628 mil 120 pesos. En todos los casos fueron adjudicaciones directas para la adquisición de despensas, cobertores, colchonetas o kits de limpieza.

Entre ellas está Comersil, que recibió de esta dependencia tres adjudicaciones para la compra de despensas para damnificados por 12 millones 750 mil pesos, y a la cual la Secretaría de Educación local le dio también dos contratos por concepto de materiales didácticos.

Los beneficiarios serían personas afectadas por lluvias o tormentas.

LM