Ciudad de México.- Después de la polémica generada por la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la discusión y votación ante el Pleno del Senado fue eliminada de la orden del día de este lunes.

De acuerdo con el documento, hay 11 dictámenes que se someterán a discusión en el Pleno del Senado, sin embargo ninguno de ellos corresponde al proyecto que envió el Ejecutivo el miércoles pasado.

Con ello se confirma la decisión de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, encabezada por el morenista Adán Augusto López, de solicitar a la Mesa Directiva su remoción de la orden del día de este lunes, para dar paso a deliberaciones públicas y técnicas.

Lo anterior, luego de que su dictaminación pasara el jueves en “fast track” con menos de 24 horas de haber sido recibida del Ejecutivo y sin dar pie para su análisis, acusaron las bancadas opositoras a Morena.

La propia Presidenta Claudia Sheinbaum extendió el viernes pasado una petición desde su habitual conferencia de prensa al Senado, para que agendara su discusión a un periodo extraordinario de sesiones que permitiera apertura al diálogo.

La “ley censura”, como la bautizó la Oposición, reglamentaria a la reforma constitucional al artículo 28 con la que se extinguió al Instituto Federal de Telecomunicaciones, proyecta trasladar todas sus facultades a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependencia de Estado dirigida por José Merino.

La propuesta plantea que sea la Agencia quien otorgue, revoque y renueve concesiones del sector de radiodifusión y telecomunicaciones, además de “equilibrar” la publicidad y el conjunto de la programación que se transmite diariamente.

Uno de los artículos más reclamados por la Oposición es el 109, que faculta a la dependencia para bloquear temporalmente una plataforma digital en caso de que incumpla disposiciones u obligaciones previstas en las normativas, mismas que se encargará de emitir la misma Agencia.

Asimismo, el PAN acusó que vulnera al T-MEC, puesto que en el artículo 18 del tratado se indica que en cada país existirá una autoridad que establezca la regulación asimétrica a los proveedores preponderantes y que esa autoridad debe tener autonomía de decisión para evitar ser juez y parte.