Ciudad de México.- La Sala Superior del Tribunal Electoral desechó por mayoría de votos diversas impugnaciones de jueces y ciudadanos contra presuntas irregularidades de la elección judicial del 1 de junio, como la falta de paridad de género, la relación de los evaluadores de los candidatos con Morena o la falta de claridad de los puestos a ocupar.

Tres jueces, por ejemplo, reclamaron que en el sorteo de la mitad de los puestos del Poder Judicial a renovar se incluyó también a las mujeres que habían conseguido sus cargos mediante acciones afirmativas, y el magistrado Reyes Rodríguez les dio la razón y propuso revocar la convocatoria del Senado para la elección.

En el caso de las magistraturas, los hombres son el 80.2 por ciento y sólo el 19.8 las mujeres, pero casi la mitad de estas serán relevadas y ese mismo porcentaje pasa a nivel de juzgados, dijo.

“Incluso si se establecieran medidas para que las postulaciones de los cargos fueran paritarias esto sería insuficiente para lograr una integración paritaria en los resultados”, dijo en la sesión pública de esta noche, pero en la votación de su proyecto sólo consiguió un voto más frente a tres.

El Tribunal también desechó las impugnaciones contra la integración de los Comités de Evaluación que argumentaban que los integrantes son o fueron militantes de un partido, y que las convocatorias emitidas se hicieron sin saber qué tipo de jueces especializados se requieren en cada circuito ni siquiera el número de cargos en disputa.

Rodríguez recordó que la elección de 881 cargos del Poder Judicial el 1 de junio se ha presentado como un proceso sin la participación de los partidos, por lo que se requiere que quienes evalúen a los candidatos no tengan un vínculo con partidos.

“Dos personas integrantes del Comité de Poder Legislativo que están objetivamente vinculadas a partidos políticos, como el Partido del Trabajo y Morena, no cumplen los requisitos para garantizar un proceso electoral extraordinario de manera objetiva, imparcial, independiente y autónoma”, sostuvo.

Añadió que la convocatoria tiene inconsistencias como el que ni los aspirantes saben cuántos cargos están en juego. Por ejemplo, en el Primer Circuito en materia administrativa, dijo, el Comité del Legislativo reconoce 35 cargos, mientras que los otros dos poderes sólo reconocen 32.

En su voto a favor de que la convocatoria para la integración del comité fuera revocada lo apoyó la magistrada por Janine Otálora, pero a favor de confirmarla votaron los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, presidenta de la Sala Superior; Felipe de la Mata Pizaña y Alfredo Fuentes Barrera.

Los argumentos en el proyecto fueron que las convocatorias de comités de evaluación son facultad discrecional de cada órgano, por lo cual las autoridades electorales no están facultadas para su revisión, y porque la reforma judicial sólo prohibió no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos tres años.