Los Ángeles.- Una niña mexicana de cuatro años, que lucha contra una enfermedad crónica y recibe tratamiento médico especializado en California, podría ser deportada junto a su familia tras la revocación de su permiso humanitario, informaron sus representantes legales.

La decisión fue notificada en abril y mayo a la madre de la menor, quien desde 2023 reside en Bakersfield, tras haber sido ingresada en un hospital de San Diego cuando llegaron a la frontera. Actualmente, la niña recibe nutrición intravenosa a través de un sistema portátil, indispensable para su supervivencia debido a un síndrome de intestino corto, que le impide digerir y absorber nutrientes por vía oral.

“ Sin este tratamiento, su muerte sería inminente”, advirtió Gina Amato, abogada de la familia y directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, organización que encabeza la defensa legal.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. indicó que no existe un proceso activo de deportación, confirmó que aún se analiza una nueva solicitud de permiso humanitario presentada recientemente. Mientras tanto, la familia vive en incertidumbre.

El permiso humanitario, ampliamente utilizado durante el mandato de Joe Biden para atender emergencias específicas, ha sido objeto de revisiones restrictivas bajo la actual administración de Donald Trump, como parte de una política migratoria más estricta.

En México, la menor permanecía hospitalizada de manera permanente, pero desde su ingreso al programa médico en Los Ángeles, ha logrado salir al parque y convivir fuera del entorno hospitalario, algo impensable antes del tratamiento.

La madre de la niña, Deysi Vargas, relató que han solicitado la intervención de funcionarios federales e incluso legisladores, sin obtener aún respuesta formal.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que brindará acompañamiento consular y apoyo legal para evitar la deportación, en coordinación con Public Counsel y los consulados de Los Ángeles y Fresno. “La suspensión del tratamiento pondría en riesgo su vida”, reiteró la dependencia.

El caso se ha convertido en un emblema humanitario, donde la salud de una menor vulnerable se encuentra en el centro de un debate migratorio y de derechos humanos.