Saltillo, Coah.- Desde octubre del 2007 la directora de la guardería “Ady’s” y la trabajadora acusada de atentados al pudor en contra de una menor de tres años de edad fueron removidas de sus cargos, afirmó el delegado del IMSS, José Luis Dávila Flores, quien rechazó que el instituto haya pagado 5 mil pesos como reparación del daño.

Al asegurar que de forma inmediata se atendió el caso, pese a que la dirección de la guardería notificó los hechos días después, el IMSS se deslindó del convenio establecido por la madre de la menor y mediante el cual recibió 5 mil pesos y se desistió de la denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado por delitos relacionados con atentados al pudor.

“Nosotros tenemos autoridad normativa para pedir la remoción de la directora cuando no avise inmediatamente de cualquier incidente que se presente en la guardería y si el veredicto es que es culpable (de accidentes o delitos) inmediatamente rescindimos el contrato”, dijo.

Los hechos suscitados en el 2007 en dicho lugar provocó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación al IMSS para mejorar la supervisión en dichos centros de atención, mientras que al gobierno del estado por la demora en la integración de la averiguación, pese al arreglo económico al que se llegó para remediar el daño.

La directora removida fue identificada como Silvia Margarita Vallejo Tenorio y la maestra acusada Jesica Ramona Flores Berlanga, quienes desde el 2007 dejaron de laborar en el lugar.

El delegado manifestó que la propia madre de la menor, no estaba muy segura de que su hija hubiera sufrido una agresión sexual en la guardería y por ello se desistió de la denuncia.

Dávila Flores manifestó que la negligencia u omisiones en las guarderías han provocado que durante en el 2008 hayan sido cancelados los servicios en dos de las instancias infantiles: una en Torreón en donde se llevó a cabo un espectáculo de table dance, y otra más en Parras por insolvencia económica.

Si embargo en el caso de Saltillo, no se llegó a tal medida porque la parte acusadora se desistió de los cargos y hasta el momento la PGJE no ha confirmado si hubo o no delitos que se cometieron en el lugar.