Nacional

Publicado el martes, 12 de mayo del 2026 a las 19:58
Chilapa, Guerrero.– Lo que debería ser un espacio de recreación se ha transformado en un refugio de miseria. En la cancha de la comunidad de Alcozacán, aproximadamente 250 personas —entre niños, jóvenes y adultos mayores— permanecen hacinadas tras huir de una ofensiva armada que ha borrado la tranquilidad en las localidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán.
A cuatro días de los ataques atribuidos al grupo delictivo “Los Ardillos”, los desplazados enfrentan una doble tragedia: el terror de la violencia y la indiferencia gubernamental.
Este martes, el arribo de autoridades estatales encabezadas por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, generó expectativas que terminaron en reproches. El comisario de Alcozacán, José Lorenzo Coxihuite Sánchez, denunció que la comitiva llegó con las manos vacías.
” “Necesitamos apoyo inmediato. No trajeron despensas ni una propuesta clara para quienes quieren regresar o para quienes buscan salir”, recriminó el comisario, subrayando que las familias solo han ingerido agua y galletas desde el sábado.
A pesar de que el gobierno federal sugirió la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de la gobernadora Evelyn Salgado, ninguna de las mandatarias se presentó en la zona de conflicto.
El testimonio de los sobrevivientes dibuja un escenario de guerra. Desde el pasado miércoles, las comunidades fueron blanco de ráfagas de fusiles y ataques con artefactos explosivos. Para agravar el aislamiento, los agresores cortaron el suministro eléctrico y las líneas telefónicas.
En un recorrido por la zona, se constataron los daños:
– Infraestructura: Cuadrillas de la CFE trabajan bajo vigilancia para restablecer la luz.
– Bloqueos: La carretera del crucero de Los Ajos hacia Ayahualtempa permanece obstruida con troncos de pino y piedras, presuntamente colocados por el grupo criminal.
– Seguridad: Apenas cinco camionetas de la Guardia Nacional y cuatro de la Policía Estatal custodian un perímetro donde el miedo es el que manda.
Entre sollozos, las mujeres de la comunidad denunciaron que el saldo de la incursión va más allá de lo material. Aseguran que hay al menos dos muertos confirmados, pero un número indeterminado de personas cuyo paradero se desconoce.
“A mi papá ya me lo habían matado. Ahora a mi esposo no lo encuentro. Los niños se quedaron huérfanos”, relató una de las víctimas, quien huyó con lo puesto, dejando atrás animales, ropa y el patrimonio de toda una vida.
Para los habitantes de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, el regreso no es una opción mientras “Los Ardillos” mantengan el control territorial. Las comunidades exigen garantías mínimas de seguridad para trasladarse a la cabecera municipal de Chilapa y abastecerse de víveres, pues temen que el asedio se convierta en una condena de hambruna.
Hasta la tarde de este martes, la incertidumbre reina en la cancha de Alcozacán, donde el silencio de las autoridades pesa tanto como las amenazas del crimen organizado.
Se estima que en total son más de 800 pobladores de la región los que han tenido que abandonar sus hogares debido a la reciente escalada de violencia y el uso de explosivos contra la población civil.
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