Washington.- En lugar de instalarse juntos en su nuevo hogar, Matthew Blank, sargento primero del Ejército de Estados Unidos, pasa sus días intentando evitar que su esposa sea expulsada del país.

Annie Ramos, de 22 años y nacida en Honduras, fue detenida por agentes migratorios dentro de la base militar de Fort Polk, en Luisiana, a donde había llegado con su esposo apenas unos días después de su boda, celebrada en marzo. El plan era sencillo: iniciar trámites para acceder a prestaciones militares y avanzar hacia la residencia permanente.

Nada salió como esperaban.

El jueves pasado, al ingresar a la base, Ramos fue interceptada como parte de las deportaciones masivas impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump. Desde entonces, permanece en un centro federal de detención migratoria.

“Nunca imaginé que intentar hacer lo correcto llevaría a que me la arrebataran”, dijo Blank, de 23 años, en un testimonio difundido a medios. “Lo que debía ser la semana más feliz se volvió una de las más difíciles”.

El caso ha encendido alertas entre defensores de familias militares, quienes advierten que este tipo de acciones golpea la moral de las tropas y envía un mensaje contradictorio a quienes sirven en las fuerzas armadas.

Ramos llegó a Estados Unidos en 2005, cuando tenía menos de dos años. Ese mismo año, su familia faltó a una audiencia migratoria, lo que derivó en una orden final de deportación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que, bajo la ley vigente, no cuenta con estatus legal.

Aun así, su historia no es inusual. En 2020 solicitó ingresar al programa DACA, pero su petición quedó estancada entre disputas legales que mantienen en vilo ese mecanismo.

Durante años, situaciones como la suya encontraban una salida. Políticas como el permiso de permanencia temporal o la acción diferida permitían a cónyuges de militares regularizar su estatus sin ser separados de sus familias. Eso cambió.

En abril de 2024, el DHS eliminó una directriz que consideraba el servicio militar de un familiar como un factor atenuante clave. La nueva postura es tajante: el uniforme de un pariente no exime a nadie de las consecuencias migratorias.

Para especialistas como la abogada Margaret Stock, experta en derecho migratorio militar, el giro es profundo. Casos que antes se resolvían con relativa rapidez hoy terminan en detenciones. “No tiene sentido”, ha señalado. “Es malo para la moral y afecta la preparación de los soldados”.

La preocupación también ha llegado al Congreso. Más de 60 legisladores advirtieron en una carta que detener a familiares de militares traiciona compromisos básicos con quienes sostienen la seguridad nacional.

En organizaciones civiles, el diagnóstico es igual de directo. Lydiah Owiti-Otienoh, del colectivo Foreign-Born Military Spouse Network, asegura que cada vez reciben más reportes de familias en riesgo. “Si las familias militares no son estables, la seguridad nacional tampoco lo es”, resume.

Mientras tanto, la historia sigue siendo íntima para quienes la viven.

La madre del sargento, Jen Rickling, describe a su nuera como una joven dedicada, estudiante de bioquímica y maestra en su iglesia. “La adoramos”, dice. “Este país puede hacerlo mejor”.

Blank, por su parte, no habla de política. Habla de su casa, de su vida interrumpida.

“Quiero a mi esposa en casa”, insiste. “No voy a dejar de luchar hasta que vuelva a mi lado”.