Arcas vacías y deudas por casi un cuarto de billón de pesos (239 mil 200 millones) heredará la mayoría de los gobernadores cuyas gestiones están por iniciar. Nuevo León concentra 34.5% de los pasivos (83 mil 400 millones) y Querétaro apenas el 0.083 (200 millones). Tlaxcala no tiene ese problema, pues la Constitución local solo permite contratar deuda por el equivalente al 3% del presupuesto anual. Existe otro candado: las obligaciones deben liquidarse «a más tardar en el año fiscal inmediato posterior, no pudiendo contratar nuevos créditos si existiesen adeudos derivados de este concepto» (artículo 101). Tlaxcala reformó su Ley de Deuda Pública en mayo de 2011, mientras en Coahuila se destapaba el moreirazo (pasivos bancarios y con proveedores por 40 mil millones de pesos).

Los estados dispararon sus deudas entre 2009 y 2011, cuando los gobernadores del PRI echaron a andar sus maquinarias electorales para imponer en la presidencia a Enrique Peña Nieto, homólogo suyo en Estado de México, y convertirlo en su rehén. Una de las entidades que más contribuyó a la campaña peñista y a la de varios candidatos a gobernador, entre ellos los de Zacatecas, Michoacán y Nayarit, fue Coahuila. El plan, ya con Peña en el poder, era condonar las deudas estatales, pero la Auditoría Superior de la Federación se opuso.

En marzo de 2016 la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Disciplina Financiera (LDF) con la idea de atarle las manos a los gobernadores y a los alcaldes y evitar futuros moreirazos. La medida, además de tardía -el daño ya estaba hecho-, dejó impune la corrupción. Al cierre de 2015, la deuda de los estados ascendía a 536 mil millones de pesos, 70% más con respecto a 2010. El ritmo decreció en la segunda mitad de la década pasada, en parte por la LDF, pero más porque los gobiernos ya habían agotado su capacidad de endeudamiento.

La LDF estableció reglas para promover «el sano desarrollo de las finanzas públicas estatales y municipales»; contratar deuda «al menor costo financiero y de manera transparente»; un sistema de alertas para conocer los niveles de endeudamiento; deuda garantizada para acceder a «un financiamiento más barato»; y el Registro Público Único «para inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones de los gobiernos locales», dice un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas elaborado en la LXIII Legislatura.

Una de las objeciones a la LDF, presentadas en su oportunidad por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), México Evalúa y el Centro de Análisis e Investigación Fundar, es que permitía «refinanciar deuda estatal con la garantía del Gobierno federal», la cual «pudo haber sido inconstitucional al no ser aprobada por el Congreso local respectivo» (Forbes, 15.03.16). «Uno de los casos más notorios de endeudamiento es Coahuila -advierte-, que de 2010 a 2015 aumentó su deuda 4.5 veces hasta 38 mil millones de pesos debido a la falsificación de documentos para contratar más créditos respaldados con participaciones federales». La explosión de los pasivos ocurrió entre 2009 y 2010.

Las organizaciones también criticaron la LDF por no incluir «un catálogo de infracciones por el mal manejo de la deuda pública y el incumplimiento de la ley». Peña Nieto modificó la LDF meses antes de terminar su Gobierno e introdujo la figura de Asociaciones Público-Privadas, lo que se tradujo en más deuda (pasivos contingentes). El presidente López Obrador descalifica las APP: «(Son) buenos negocios para (los) particulares, (pero) malos negocios para la hacienda pública». Citó como ejemplo el hospital de Zumpango, Estado de México (…) «donde el pueblo tiene que pagar más de 200 millones de pesos cada año por 25 años. Al final (…) va a salir en siete, 8 mil millones de pesos, cuando un hospital con esas características, cuando mucho, (costaría) 500 millones de pesos» (conferencia de prensa, 20.07.21).