“ Lamentablemente, es una práctica común de las instituciones financieras incluir en los contratos de servicios financieros la posibilidad de descontar, retener o embargar recursos de sus clientes por algún adeudo, no importando que el origen de los recursos, incluso, provengan de salarios, los cuales están protegidos por la Constitución y por la Ley Contra los Embargos”, señaló la legisladora.

Añadió que las personas que pertenecen a los grupos de mayor vulnerabilidad social son las más afectadas por estas prácticas o cláusulas abusivas que los dejan en estado de indefensión, refirió que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha detectado que en los contratos que los usuarios firman con los bancos para el uso de productos o servicios financieros se incluyen cláusulas que derivan en desventajas para el cliente, e incluso en riesgo de su patrimonio.

Faltan reglas

Al posicionar a nombre de la fracción parlamentaria del PAN, el diputado Jorge Triana, aunque adelantó el voto a favor de su bancada, advirtió de la falta de reglas de operación para los programas sociales que fueron elevados a rango constitucional desde 2020.

“ Estamos a favor de esta reforma al artículo cuarto constitucional para que no puedan ser sujetos de embargo, de que se retiren estos recursos por parte de instituciones financieras, sin que medie primero un juicio justo y adecuado a las condiciones económicas de cada una de las familias, que el recurso emanado de estos programas sociales, que son la única fuente de ingresos de las familias más pobres de nuestro país, a consecuencia de que no hubo estas medidas contra cíclicas, no vaya a ser tomado o retenido por absolutamente nadie, incluido el propio gobierno”, sostuvo el panista.

Información por El Heraldo de México