Por su parte, el morenista Fernando Castro Trenti subrayó que la propuesta de Sheinbaum no sanciona ni busca encarcelar a quienes tengan vapeadores, como afirman los críticos de la iniciativa, sino únicamente combatir el “mercado negro” de dichos productos, por los daños a la salud que generan.

Su compañero de bancada, Armando Fernández Samaniego, lamentó por su parte que los partidos de oposición, al manifestarse en contra de la propuesta, en los hechos defienden a productos que se presentaron a niños y jóvenes como “menos dañinos” que los cigarrillos tradicionales, a través de “publicidad engañosa”.

Reforma punitiva

En sentido contrario, Iraís Reyes de la Torre (MC) consideró que la prohibición total de los vapeadores es una de las medidas más “punitivas y desproporcionadas” que se han decretado en mucho tiempo.

Expuso que el artículo 282 Quater de la Ley General de Salud prohíbe todo tipo de operaciones con los cigarrillos electrónicos, incluida la posesión y la conservación, y prevé penas de entre uno y ocho años de cárcel a quienes violen la norma.

En ese ánimo, cuestionó:

“¿Vamos a convertir en criminales a las personas por tener vapeador? ¿Por qué se imponen castigos más altos a tener un vapeador que a delitos como lesiones, portación de armas sin licencia y robo? Necesitamos regulación inteligente, no prohibición medieval. No merecemos cárcel por tomar decisiones de consumo personal, o ser tratados como sospechosos”.

Por su parte, Ana Isabel González (PRI) advirtió que las prohibiciones de sustancias o de los dispositivos para consumirlas las vuelve “más tentadoras” y criminaliza a quienes las utilizan.

“Es muy drástica la propuesta de llevarlo al tema penal. Debemos regular, pero prohibir y penalizar de esa manera, abre otras puertas y otros panoramas, como el mercado negro, la venta clandestina y la distribución clandestina”, sostuvo.

De su lado, el panista Éctor Jaime Ramírez Barba manifestó su preocupación por otros puntos de la iniciativa. Uno de ellos, subrayó, es que se modifican las reglas de operación del Fondo de Salud para el Bienestar, para que su fideicomiso sea operado por un “comité burocrático” que, además, puede disponer del uso de esos fondos para temas distintos a la atención de los pacientes de enfermedades graves, como el cáncer, y anunció reservas sobre este punto.

El dictamen se envió a la Mesa Directiva para incluirlo en la agenda del pleno.