Avalado con 450 votos en el Palacio de San Lázaro, el proyecto fue devuelto al Senado de la República con modificaciones para insistir en el cálculo de las sanciones económicas en días de salario y evitar redundancia en la exclusión de responsabilidad penal de campesinos, comuneros y ejidatarios, al realizar actividades para cubrir sus necesidades básicas o de cocina tradicional.
Entre las penas previstas en el dictamen destaca la de dos a diez años de prisión la que corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o realice actividades de ocupación, invasión o cambio de usos de suelo en cualquier tipo de terreno forestal.
No obstante, la sanción se aumentará hasta en quince años de cárcel cuando dichas conductas se realicen empleando armas de fuego o por cualquier otro medio violento contra las personas, y hasta en veinte años de prisión cuando afecten un área natural protegida.
Se establece una pena de dos a diez años de cárcel a quien trafique recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, mientras que el castigo aumentará hasta cinco años a quien cause la muerte de cualquier ejemplar de fauna silvestre en peligro de extinción, amenazada o sujeta a protección especial.
Asimismo, se impondrán de dos a nueve años de prisión a quien de manera dolosa capture, acopie, transporte, destruya o comercie las especies marinas de abulón, camarón, pepino de mar y langosta sin contar con autorización, mientras que la pena será de quince años cuando se trate de ejemplares, partes, derivados, productos o subproductos de la especie totoaba macdonaldi.
También se consideran de dos a diez años de cárcel por descargar, depositar o infiltrar de manera ilícita aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en suelos, subsuelos, ríos, aguas marinas, cuencas, vasos u otros depósitos acuíferos.
La misma sanción se aplicará por producir, almacenar, traficar, importar, exportar, transportar, abandonar, desechar o descargar sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas explosivas, inflamables, tóxicas o radioactivas que causen daño a recursos naturales, flora, fauna, ecosistemas, agua, suelo, subsuelo o ambiente.
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia, el legislador morenista Julio César Moreno sostuvo que las reformas al Código Penal se fortalece el marco legal para la protección del ambiente y se cierran espacios a la impunidad.
“ Quien daña el medio ambiente debe enfrentar consecuencias reales, proporcionales y efectivas. En ese sentido, se fortalece el marco penal para sancionar conductas que lastiman gravemente a nuestro país, como la tala ilegal, el tráfico de especies y el uso indebido de sustancias peligrosas, que no solo afectan a la naturaleza, sino también a comunidades enteras”, dijo.
Sostuvo que durante años los delitos ambientales han sido subestimados, con el evidente resultado de ecosistemas degradados, especies en riesgo y comunidades afectadas.
Por el PAN, el diputado Guillermo Anaya subrayó que el medio ambiente no puede esperar y los delitos contra los ecosistemas, la flora y la fauna, las áreas naturales protegidas y especies específicas requieren de tipo penales actualizados, penas disuasivas y herramientas para que el Ministerio Público y los jueces puedan actuar.
En representación del PRI, el legislador Arturo Yáñez sostuvo que la reforma envía el contundente mensaje de que quien destruya el patrimonio natural de México deberá enfrentar consecuencias reales.
“ Aprobar esta reforma no significa misión cumplida, es también hacer un exhorto a las autoridades responsables y les decimos con firmeza que el trabajo apenas empieza. Ahora toca inspeccionar, investigar, sancionar y hacer cumplir esta ley sin excusas, porque puede ser un riesgo también que pueda abrir una llave a la corrupción”, advirtió.
