Ciudad de México.- Por unanimidad, con 450 votos, la Cámara de Diputados aprobó la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión con el fin de castigar dicho acto ilícito hasta con 42 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada, conmutación de la pena o reducción de la condena.

De urgente resolución, con dispensa de todos los trámites, el pleno en el Palacio de San Lázaro puso a discusión el proyecto y admitió los cambios enviados por el Senado de la República, para turnar finalmente el decreto al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.

Con el aumento de las sanciones avalado por la colegisladora, la Ley contra la Extorsión prevé una pena básica de 15 a 25 años de cárcel y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (56 mil 570 pesos) a quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro.

Enumera, sin embargo, 34 agravantes, agrupadas en tres apartados, con castigos más severos.

De esa forma, las penas aumentarán entre cuatro y ocho años de prisión, para alcanzar hasta 33, en casos como el cobro de “piso” o cuando la extorsión se dirija a quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, pesqueras o de servicios públicos o privados, o se cometa a nombre de algún sindicato, organización o agrupación de manera real o simulada.

Se plantea además adicionar entre cinco y doce años de privación de la libertad, para llegar a un máximo de 37, cuando la extorsión se comenta contra personas migrantes, menores de 18 años, mayores de 60 o en estado de embarazo, o tenga relación de confianza, laboral de parentesco o de negocios con la víctima.

Asimismo, se sumarán entre siete y 17 años de cárcel, para llegar a 42, a quien emplee violencia física, exija el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional o en algún objeto de su propiedad, derivado de un supuesto accidente provocado de manera intencional.

El proyecto restableció además la pena de diez a veinte años de prisión para los servidores públicos encargados de procurar o impartir justicia, o custodiar los centros penitenciarios que, conociendo de un acto de extorsión, se abstengan de denunciarlo ante el Ministerio Público, luego de que los diputados del oficialismo habían reducido esa pena a un mínimo de cinco y un máximo de doce años de cárcel.

Se establecen asimismo las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para perseguir el delito de extorsión y los derivados de ésta.

Plantea, para ello, homologar un solo tipo penal para su aplicación en todas las entidades federativas, así como la persecución de oficio y la posibilidad de hacer denuncias anónimas a través del número telefónico 089.

Durante la discusión, los legisladores panistas Marcelo Torres y Miguel Ángel Monraz reprocharon a Morena y aliados su insistencia en reducir penas con respecto a las vigentes en algunos estados, por lo que el Senado les corrigió el proyecto.

“Hoy la minuta regresa del Senado con modificaciones que coinciden exactamente con lo que aquí les explicamos con calma, y que ustedes desdeñaron con plena soberbia. Y ahora, pues claro, vienen con cara de sorpresa, de niños regañados nivel tragicomedia legislativa”, espetó Torres.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, calificó de altaneras, ruines, provocadoras y mezquinas las actitudes de Acción Nacional.

“Se tiene que abandonar esta ligereza, se tiene que abandonar esta actitud facciosa, esta actitud de soberbia, de altanería, de se los dije, se los dije. Me parece no solo odioso, sino falta de tacto en un debate parlamentario que debió ser de más altura y de más nivel”, dijo.

Asumió, sin embargo, su parte de responsabilidad de lo aprobado por la Cámara de Diputados y corregido por el Senado de la República.