Ciudad Victoria.- La mayoría panista del Congreso de Tamaulipas comenzó esta tarde el análisis y discusión en torno a la determinación de la Cámara de Diputados, que se erigió como Jurado de Procedencia, y que aprobó hoy el desafuero del Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.

En sesión ordinaria que arrancó al filo de las 17:40 horas y una vez que la Cámara de Diputados, por mayoría de votos, resolvió por declarar que a lugar a proceder en contra del Mandatario de Tamaulipas, el Congreso local debate el procedimiento al que se refieren los artículos 11, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Además, del artículo 28, párrafo segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 44, párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

“ Según estas disposiciones, cuando se trate de servidores públicos del ámbito local, corresponde en última instancia al Congreso del Estado determinar si procede la homologación de la declaración de procedencia realizada por la Cámara de Diputados y, en su caso, el retiro del fuero, ya que la declaratoria federal tiene un efecto puramente declarativo”, precisó el poder Legislativo de Tamaulipas por medio de un comunicado.

En caso de que la Cámara local determinara que no hay lugar a homologar la declaración de procedencia federal, no podrá seguirse procedimiento alguno en contra del Gobernador, ya que conservaría el fuero que conlleva el ejercicio de su encargo.

El Congreso, puntualizó, que en caso contrario y, de considerar que sí se homologue la declaración de procedencia federal, el Gobernador quedaría a disposición de las autoridades competentes.

El Pleno del Congreso del Estado prevé resolver en definitiva durante la sesión que comenzó hoy, luego del receso declarado el pasado miércoles.

Luego de una sesión de cerca de siete horas, con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, los diputados del Congreso de la Unión aprobaron retirarle la inmunidad procesal penal al Gobernador panista, por la presunta comisión del delito de fraude fiscal equiparada por un presunto daño al Fisco federal por un monto de 6 millones 511 mil 777.57 pesos.

De proceder la declaración de procedencia, el Congreso dijo que se estaría violando el debido proceso.

Por medio de una iniciativa que se discute, el Congreso propone rechazar la procedencia de desafuero que aprobó la Cámara de Diputados.