México, DF.- En México, el agua podría convertirse en objeto de especulación y causa de conflictos, aseguró Guillermo Gazanini Espinoza, secretario general del Consejo de Analistas Católicos de México (CACM), en el contexto de la controversia que ha generado la iniciativa de Ley General de Aguas.

“El proyecto de Ley General de Aguas busca integrar a los tres órdenes de gobierno para favorecer servicios de distribución bajo el cuidado de órganos y entidades vigilantes de la prestación del vital líquido. En el papel, estas políticas hídricas buscan principios de corresponsabilidad y sustentabilidad para reconocer el valor social, ambiental, cultural y económico del agua”.

Gazanini Espinoza subrayó que el régimen del artículo 27 constitucional preserva la propiedad originaria de la nación sobre las aguas continentales o marítimas; así lagunas, esteros, ríos, lagos, vasos, manantiales, aguas del subsuelo, marinas y marítimas interiores y aguas de utilidad pública están en esta peculiaridad jurídica a fin de que sean aprovechadas de la mejor manera por los habitantes beneficiados gracias a la administración de autoridades.

En un análisis del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (Siame), el dirigente del CACM señala que el proyecto no privatiza la propiedad de las aguas, ningún particular puede adueñarse de ellas ni justificar derechos. Salvo el caso de libre disposición de los consumidores por motivos personales y domésticos –dice el proyecto “mediante uso de medios manuales”- donde no haya redes hidráulicas, se podrán realizarse concesiones para el manejo y distribución.

Comenta que el problema no es la propiedad nacional sino la infraestructura y redes que implicarían la progresiva mercantilización de la gestión del agua, además de la posibilidad de trasvases.

“El proyecto pretende dotar a la Comisión Nacional del Agua de las facultades para vigilar cualquier concesión y no poner en peligro la vida de las personas y la seguridad de sus bienes y ecosistemas; sin embargo, las concesiones implican una forma de comercialización donde impera la ley de la oferta y demanda que darían agua a quienes puedan pagar por ella dejando a las comunidades pobres sin capacidad de tenerla.

“El capítulo del trasvase, uno de los más controvertidos, prueba el uso comercial desmedido e injusto cuando, según el proyecto, podrían explotarse, usarse o aprovecharse aguas de una cuenca para ser utilizadas en otras distintas a las de su extracción cuando no haya conexiones naturales”.

Asimismo señala que no se pone en duda la necesidad de una legislación moderna en México para la justa gestión de un recurso cada vez más escaso, pero se plantean remedios sin atacar las causas que impiden el adecuado aprovechamiento del agua. Y uno de esos remedios es la visión mercantilista sobre el líquido. Mientras en otras ciudades existe la tendencia a municipalizar los servicios del agua bajo criterios de responsabilidad, en México se promueve lo contrario.

“El agua no puede medirse por enfoque de ganancia atacando aún más la precaria economía de miles de mexicanos, no es una mercancía que se juegue en demanda y oferta porque tiene un valor público inherente, “una visión y un comportamiento excesivamente mercantil puede conducir a programar las inversiones para infraestructuras sólo en zonas donde parece que es rentable realizarlas, es decir, donde parece que daría ganancias, ahí donde vive un gran número de personas…” (Pontificio Consejo Justicia y Paz. Agua, un elemento esencial para la vida, 2012. No. 3)

“Sobriedad y justicia, a decir de la Santa Sede, pueden lograr un desarrollo sostenible. Mientras en nuestro país no impere la ley y la corrupción sea uno de los peores vicios, el criterio de mercantilización debe ponerse en duda porque los nuevos beneficiados serán los poderosos inversionistas que, por el dinero, escatimen un bien público.

Añade que el problema no es la norma “sino la imparcial aplicación en beneficio de miles de personas sin posibilidades de agua en cantidad o calidad suficientes para una vida digna, confortable y segura.

“En México, el agua podría convertirse en objeto de especulación y causa de conflictos; “en cambio, ha de ser custodiada como un bien universal que es indispensable para el desarrollo integral de los pueblos y para la paz”. (Pontificio Consejo Justicia y Paz. Agua, un elemento esencial para la vida, 2012. Conclusión). Y la paz es lo que urge en México”.

Recordó que La Santa Sede apunta el problema de urgente y propone soluciones sostenibles poniendo en práctica los principios de la Doctrina Social. Además de la solidaridad, la Iglesia considera que la gobernación nacional y mundial sobre el agua debe garantizarse con el primado de la política como responsable del bien común y por encima de la economía y de las finanzas; de este modo, el agua no es un problema que tiene que ver sólo con aspectos técnicos, políticos o administrativos, incumbe a la sociedad el manejo correcto de un bien público y tiene la responsabilidad última cuando la autoridad política es incapaz de desarrollar responsablemente sus tareas de gestión del preciado bien.

Recientemente, manifiesta, el arzobispo de Acapulco, Monseñor Carlos Garfias Merlos, señaló que “la Iglesia católica concibe el agua como don de Dios. Es instrumento vital, imprescindible para la supervivencia y, por tanto, un derecho de todos. La utilización del agua y de los servicios a ella vinculados debe estar orientada a satisfacer las necesidades de todos y sobre todo de las personas que viven en la pobreza. Por su propia naturaleza, el agua no puede ser tratada como una simple mercancía y su uso tiene que ser racional y solidario.

“Y esto pareció cuando la sociedad civil se movilizó para que, en vísperas de una discusión polémica, se detuviera la aprobación de la Cámara de Diputados relativa al proyecto de decreto para expedir la Ley General de Aguas, controvertida legislación que cambiaría el régimen de manejo y distribución de las competencias de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo humano.

Si bien, desde febrero de 2012, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incorporó al régimen de derechos humanos al agua en calidad y cantidad suficientes -según la ONU el mínimo vital de 50 a 100 litros diarios per cápita- nuestra condición llega, en algunas regiones, a ser de emergencia particularmente por las sequías recurrentes, la contaminación de afluentes y la irregular distribución de los recursos hídricos.

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