Washington, DC.- Uno de los pilares de la política doméstica de Obama, la reforma migratoria que anunció en 2014 y que podría regularizar a casi 5 millones de indocumentados, llegó este lunes al Tribunal Supremo, donde los jueces se mostraron divididos sobre su legalidad. Los magistrados escucharon esta mañana los argumentos de un caso que será resuelto en junio y cuya sentencia puede tener un profundo impacto en la campaña electoral por la Presidencia y marcar el legado del mandatario demócrata.

En el centro del caso están dos cuestiones. La primera es si el estado de Texas, el primero en presentar una querella contra la reforma de Obama a la que se han sumado otros 25 gobernadores, tiene legitimidad para declararse en perjuicio por la regulación de indocumentados. La segunda es si el Presidente se excedió en sus competencias al decidir que se cancelasen las deportaciones de un grupo específico de sin papeles y otorgarles después un permiso de trabajo y residencia temporal.

Tras ser cancelada su deportación, ese grupo de inmigrantes tendría acceso, por ejemplo, a permisos de conducir expedidos por los estados donde viven. Texas asegura que esto constituye un perjuicio porque deberá costearlos con dinero público. El presidente de la Corte, John Roberts, recogió este argumento al poner en duda si el hecho de que Texas “pierda dinero” al costear esos permisos no “sea un caso básico de legitimidad” para presentar esta demanda. El juez conservador Samuel Alito también se mostró favorable a esta propuesta al pedir al abogado defensor del
Gobierno, Donald Verrilli, que explicara “cómo esto no supone un perjuicio en este caso”. Cuando Verrilli explicó que Texas ya cuenta con una ley que concede esos mismos permisos a personas con estatus migratorios temporales y que la Administración Obama “no legisla en contra de
Texas”, Alito interrumpió nuevamente en su defensa: “Lo que usted está diciendo es que se han perjudicado a sí mismos”.

¿ABUSO DE PODER?

Frente al ala conservadora del Tribunal, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ruth Ginsburg lideraron las preguntas a los abogados de Texas, responsables de defender su demanda. Scott Keller no había terminado de presentar su caso sobre cómo la reforma de Obama “constituye la
mayor modificación a una ley de inmigración en la historia de nuestro país” cuando Sotomayor le interrumpió: “¿Cómo puede usted decir eso?”. Según la primera jueza hispana del Tribunal, el mandato de Ronald Reagan en 1986 regularizó al 40% de la población indocumentada, pero los
programas de Obama no beneficiarán a más del 35% de los 11.4 millones de sin papeles.

Keller especificó entonces que Obama se excedió en sus competencias al ir más allá de cancelar las deportaciones porque su programa, conocido como DAPA, convierte a una persona que vive de manera ilegal en el país en un “residente legal”. Las jueces progresistas enfatizaron en varias
de sus preguntas que la legislación estadunidense ya contempla esta posibilidad, pero el abogado de Texas insistió en que la concesión de un permiso de trabajo es competencia única del Congreso.

La abogada de la Cámara de Representantes –la institución inusualmente se personó en este caso– añadió que el Presidente “quiere hacer algo más que cancelar deportaciones”. Este argumento puede haber convencido al juez Anthony Kennedy, uno de los votos decisivos en este caso. “El
Presidente está creando una política y el Congreso entonces es el encargado de ejecutarla, pero eso debería ser al revés”, dijo Kennedy, que pidió a los defensores del Gobierno que explicaran cómo, de ser así, Obama no se estaría excediendo en sus competencias.

Verrilli explicó que la Administración no considera que DAPA sea equivalente a una ley de inmigración y que no está asumiendo poderes que corresponden al Congreso, sino que simplemente indica al Departamento de Seguridad Nacional qué indocumentados constituyen el grupo de “baja
prioridad” de cara a las deportaciones. La Casa Blanca asegura que el Presidente puede decidir cómo aplicar las leyes de inmigración y que durante los últimos 50 años, distintos presidentes han aprobado más de 20 normativas similares, que después han sido ratificadas por el Poder
Legislativo.

Los intercambios entre jueces y abogados tuvieron lugar durante una audiencia de hora y media de duración en la que estaban presentes desde inmigrantes indocumentados hasta los principales líderes políticos favorables a la reforma. Luis Gutiérrez, legislador demócrata, aseguró tras la
sesión que “se ha demostrado que la ley está de nuestra parte”, informa Silvia Ayuso. Andrew Pincus, exfiscal adjunto favorable a la reforma de Obama reconoció la dureza de las preguntas de los magistrados, pero se mostró confiado en que “la ley está de nuestro lado”.

PERMISO

» La ley estadunidense establece que es el Congreso quien debe regular en materia de inmigración, pero contempla un margen de actuación, cuyos límites puede definir este caso, para decidir, por ejemplo, cuál es el orden de prioridad en las deportaciones.

» Para la Casa Blanca, Obama empleó esta autoridad cuando decidió que ni los dreamers ni los padres indocumentados de menores estadunidenses deben ser expulsados del país y que, para evitar que quedaran en un limbo legal, se les entregaría un permiso de trabajo y residencia.

Quieren quedarse

» El debate, dentro de la ca-vernosa sala de mármol, transcurrió ajeno a la algarabía de los manifestantes apostados ante las escalinatas de la Corte Suprema.

» Roshell, una joven mexicana de 17 años traída a Alabama de manera clandestina por sus padres cuando era una bebé, teme diariamente ser deportada. Como Alabama se opone a las medidas, no puede trabajar ni estudiar, pero debe pagar impuestos. “Hay muchas barreras que no me permiten ir al colegio, no puedo tener una licencia, ni un trabajo”, dijo.

» “Tenemos la autoridad moral. Hoy es el día de justicia”, dijo ante la multitud el senador de origen cubano Bob Menéndez antes de entrar a la audiencia.

» Una decisión contraria a la Casa Blanca retraería la situación de los casi cinco millones de indocumentados al incierto status quo, aunque una deportación inminente de todos ellos luce improbable.