Ciudad de México.- Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el pleno del Senado de la República aprobó la creación de la Comisión Ordinaria de la Guardia Nacional y una Comisión Especial para Revisar y Vigilar el Proceso de Quiebra de Altos Hornos de México.

La Comisión Especial para Revisar la Quiebra de la empresa coahuilense estará liderada por el senador Luis Fernando Salazar Fernández, de Morena.

El acuerdo establece que ambas comisiones desempeñarán sus funciones durante la presente Legislatura y, en específico, la Comisión de Altos Hornos, tendrá como prioridad la defensa de los intereses de los trabajadores y extrabajadores.

Una de sus principales tareas será garantizar el pago de las liquidaciones que corresponden a los empleados afectados.

Adicionalmente, la Comisión Especial supervisará la venta de la empresa y sus activos, así como el cumplimiento de los pagos pendientes a acreedores, entre ellos Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros.

La Comisión estará integrada, además de Luis Fernando Salazar, por los senadores Cuauhtémoc Ochoa, de Morena; por Geovanna Bañuelos, del PT; Lilia Margarita Valdés, de Morena; Julieta Ramírez Padilla, de Morena; Alfonso Cepeda, de Morena; Laura Itzel Castillo, de Morena; Virgilio Mendoza, del Partido Verde; Miguel Ángel Riquelme, del PRI y Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano.

La declaración

A principios de noviembre, una jueza federal declaró la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) que, fundada en 1942, llegó a ser la mayor siderúrgica del país. 

Ruth Huerta García, jueza Segunda de Distrito de Concursos Mercantiles, declaró de oficio la quiebra de la empresa con sede en Monclova, Coahuila, una vez que transcurrió el plazo de un año para buscar un convenio de reestructura con acreedores a los que debe más de 56 mil millones de pesos.

El periodo de conciliación del concurso mercantil de AHMSA había vencido desde el pasado 4 de agosto, pero la declaración de quiebra se aplazó debido al paro de labores en protesta por la reforma judicial.

La jueza ordenó al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) designar a un síndico, quien asumirá la administración de la empresa, para iniciar un proceso de liquidación de sus bienes y pagar lo que se pueda a los acreedores, con preferencia para los trabajadores, que en 2023 eran más de 15 mil.