Si Estados Unidos y México basaran su relación en la colaboración respetuosa, y no en la desconfianza mutua, el tráfico de drogas y armas habría cobrado menos vidas. Allá por las adicciones y en ambos casos por la violencia. Igualmente, se habrían evitado tensiones, ahorrado cantidades enormes de recursos y mejorado la seguridad en la región. El presidente Donald Trump culpa a nuestro país de la devastación provocada en el suyo por el consumo masivo de sustancias estimulantes y opioides sintéticos, pero no muestra interés en perseguir con el mismo ahínco a las organizaciones criminales asentadas en su territorio.

La Administración de Trump es todavía más indolente para frenar el contrabando de armas. Mientras la industria armamentista mantenga altos niveles de crecimiento, las ganancias de los fabricantes serán extraordinarias y los políticos recibirán mayor financiamiento para sus campañas. El Gobierno de México demandó en 2021, ante una Corte Federal en Boston, Massachusetts, a ocho compañías “por prácticas comerciales negligentes”. El 4 de marzo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los argumentos del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, según los cuales “las acciones y omisiones de estas empresas permiten que sus armas de fuego sean traficadas a nuestro país, causando violencia y sufrimiento a su población” (Secretaría de Relaciones Exteriores).

El “litigio estratégico ha obtenido apoyo de diversos sectores de la población en ambos países”, dice la nota. “Legisladores, autoridades estadunidenses, académicos, activistas y organizaciones civiles presentaron a la Suprema Corte de Estados Unidos nueve escritos de ‘amigo de la corte’”, en respaldo a la postura de México. El 5 de junio pasado, el Tribunal declaró improcedente la demanda, pues la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas exime a los fabricantes de responsabilidad, cuando el uso de sus productos es indebido.

El debate, sin embargo, sigue abierto, y no se descartan futuras acciones legales. Según el Gobierno mexicano, hasta el 90% de las armas incautadas en operativos contra cárteles de la droga procede de Estados Unidos —en su mayoría de contrabando—, donde la oposición al comercio de armas también es creciente. Luego de la masacre del 24 de mayo de 2022 en una escuela primaria de Uvalde, Texas, en la cual murieron 19 niños, dos profesores y 18 personas fueron heridas, el presidente Joe Biden, en un mensaje a la nación, pidió al Senado prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad. Trump, en cambio, es un ferviente promotor y defensor de esa industria. En el último Foro de Liderazgo de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), cuya influencia política es indudable debido a sus donaciones, declaró ser “el mejor amigo que los propietarios de armas han tenido nunca en la Casa Blanca”.

Paulina Villegas, periodista de The New York Times, plantea: “Mientras el Gobierno de Trump presiona a México para que tome más medidas contra los carteles de la droga, ha surgido un beneficiario involuntario de la campaña de presión estadounidense: los traficantes de armas que suministran armas al cartel de Sinaloa, la potencia criminal detrás de gran parte del fentanilo que inunda las calles estadunidenses”. Villegas, quien también cubre temas de inmigración para “La Dama Gris”, advierte en otro texto sobre las consecuencias de golpes como la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. “Lejos de debilitar la violencia (…) ha contribuido a la fragmentación de los grupos y al aumento de los conflictos internos, lo que a su vez incrementa la demanda de armas”. Negocios son negocios.