El revire de los constructores a Román Alberto Cepeda fue directo y sin rodeos. Cancelar la obra vial en Villa Florida, advirtieron los empresarios, fue una decisión apresurada que exhibe la falta de claridad en el proyecto. Al parecer, también les queda claro la facilidad con la que el alcalde se deja llevar y toma decisiones con el hígado.
El presidente de CMIC Laguna, Alejandro Jiménez Algara, soltó la advertencia que de seguro dolió mucho en el Ayuntamiento: postergar esa infraestructura condena a Torreón al rezago, justo cuando la ciudad necesita obras que alivien el caos vehicular.
Entre la indemnización millonaria que se avecina para la constructora contratada para el proyecto, y la señal de improvisación que mandó el gobierno municipal, lo único claro es que el costo político será alto.
Por la tarde, en una comunicación oficial, la CMIC llamó al ayuntamiento “a reconsiderar la decisión de cancelar el proyecto”. Es evidente que tampoco con la IP anda bien el todavía alcalde. Puras fallas.
En Torreón, el personaje de la semana bien puede ser Abundio Ramírez Vázquez. Primero, encabezó la manifestación de vecinos de Villa Florida para protestar contra el paso vial que el Ayuntamiento pretendía construir sin consulta previa. Al día siguiente, cuando el alcalde Román Alberto Cepeda anunció la cancelación de la obra, lo llamó “seudolíder” que azuza a los colonos, mientras que el director de Obras Públicas, Juan Adolfo von Bertrab Saracho, lo acusó públicamente de haber intentado extorsionarlo.
Pero Abundio no se quedó quieto: este sábado reapareció sonriente, al lado del director del SIMAS Rural, José Antonio Gutiérrez Jardón, quien subió la foto a redes sociales con un mensaje: “En el ejido La Joya, con mi amigo Abundio Ramírez supervisando la ampliación de red del SIMAS Rural”. Semana redonda para el dirigente de la asociación popular Colectivo Morelos.
Quince años de impunidad terminaron en cuestión de horas. Esta semana, tras una denuncia ciudadana, la marmolera propiedad de José Luis Morales, ubicada en el ejido El Águila de Torreón, fue clausurada por carecer de permisos ambientales elementales. No tenía cédula de operación anual, ni planes de manejo de residuos, ni siquiera un estudio de ruido perimetral.
Por el tamaño del operativo, coordinado por la Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila, a cargo de Claudia Elvira Rodríguez Márquez, las omisiones no eran menores, ni nuevas.
La pregunta ahora es cómo logró operar por tanto tiempo sin que nadie —absolutamente nadie— se diera por enterado, para empezar, la dirección municipal de Protección Civil, a cargo de Jorge Luis Juárez Llanas. Hay mucho de por medio.
En la Dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Torreón, a cargo de Pablo Fernández Llamas, los inspectores andan desatados, pero a la hora del moche no le reportan a una sola persona… Las versiones apuntan a una triada de corrupción. ¿Quiénes son los involucrados?
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