Washington, D.C.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha publicado una lista exhaustiva de jurisdicciones “santuario”, que abarca ciudades, condados y estados, a los que la Casa Blanca acusa de obstruir deliberadamente la aplicación de las leyes migratorias al no colaborar con las autoridades federales. El gobierno de Donald Trump busca penalizar a estas entidades.

California, Illinois y Colorado lideran la lista

La lista incluye a 36 de los 50 estados del país. California encabeza la relación con el mayor número de ciudades y condados que implementan políticas santuario, limitando la cooperación de sus policías locales con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Illinois y Colorado también figuran entre los estados con más gobiernos locales que han aprobado leyes para proteger a los inmigrantes indocumentados.

El DHS explicó que la publicación de esta lista responde a una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 28 de abril. Esta orden instruye a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a la fiscal general, Pam Bondi, a identificar y denunciar públicamente a las jurisdicciones que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración.

Kristi Noem advirtió en un comunicado que cada jurisdicción incluida en la lista recibirá una notificación formal de su incumplimiento y de todas las posibles violaciones de las leyes penales federales.

Falta de Recursos vs. Exigencia de Colaboración

La mayoría de los estados, condados y ciudades que se han declarado santuario de migrantes han argumentado escasez de fondos como principal razón para no colaborar plenamente con los arrestos de agentes de ICE.

Sin embargo, el DHS ha exigido a estas jurisdicciones “revisar y modificar de inmediato sus políticas” para alinearlas con la postura de la administración Trump, que ha emprendido una campaña para elevar sus detenciones y deportaciones.

Esta no es la primera vez que la administración Trump emprende acciones contra las jurisdicciones santuario. Durante su primer mandato, congeló fondos federales a estas ciudades, condados y estados, pero la mayoría de esos esfuerzos fueron retados y perdidos en las cortes. La publicación de esta nueva lista y las amenazas de penalización sugieren una renovación de esta confrontación legal y política.

Con información de MILENIO