Saltillo.- A solo cuatro años de su creación, el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila ha logrado consolidar sus funciones, estableciendo incluso parámetros que a nivel nacional le han valido un reconocimiento dentro del Certamen a la Innovación en Transparencia 2021, organizado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI.

Este Tribunal surgió como un órgano autónomo a raíz de la reforma constitucional de 2015, y dos años después vio la luz en el estado, bajo la batuta de la magistrada presidenta Sandra Rodríguez Wong, abogada que tiene una larga carrera dentro del servicio público.

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El Tribunal Administrativo de Coahuila tiene una función especializada, porque revisa los actos administrativos que realizan servidores públicos estatales y municipales, además de que realiza la revisión que se hace en relación con temas de orden fiscal. Todo lo que son impuestos que se imponen por autoridades estatales o municipales son sujetos de revisión por otra autoridad, y esa autoridad competente es el Tribunal Administrativo”.

 

Dentro de las innovaciones del Tribunal Administrativo está la actualización del sistema electrónico para el registro de los proveedores, que permite en forma remota iniciar el registro de quienes buscan cumplir los requerimientos de contratación para suministrar bienes, mercancías o servicios en los procedimientos de adquisición, arrendamiento y demás solicitados.

Este sistema emplea una firma electrónica avanzada (FIEL), así como archivos digitales vinculados con el autor de la firma en el proceso. Esto sustituye el uso del papel, además de contar con un historial de la información del proveedor como el año de registro de origen, el número de certificados anuales con los que cuenta, los rechazos de solicitudes intentadas, las suspensiones temporales y definitivas del proveedor, el listado autorizado en tiempo real y geolocalización, lo que permite evitar el registro de empresas fantasma.

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Nosotros traemos un convenio con la Secretaría de Hacienda, en donde a nivel institucional no nos cuesta nada la emisión de la firma electrónica, porque nos la otorga directamente el SAT, pero el SAT valida que se trate de la persona que está firmando.

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Entonces entendamos que quien acude al tribunal son personas morales que tributan ante el fisco, ya sea federal o estatal, o personas que pagan impuestos a excepción de trabajadores o personal como los policías que por los tabuladores puedan no estar dados de alta en Hacienda. Pero la mayoría de nuestros usuarios están dados de alta y tienen una firma electrónica registrada ante el SAT, y tratándose de proveedores forzosamente tienen una firma electrónica”.

Esto permitió que el Tribunal de Justicia Administrativa obtuviera un reconocimiento por el desarrollo de este sistema, que permite verificar con firma electrónica avanzada si la persona moral que pretende proveer de productos y servicios al tribunal está dado de alta ante Hacienda, lo que da la certeza de la legalidad de esta empresa.

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No se ha aplicado en ninguna parte del país, por eso recibe la mención especial por parte del Instituto Nacional de Transparencia”. 

Modernización

Con la llegada de la pandemia el año pasado, la implementación de sistemas digitalizados que permitían trámites a distancia sin necesitar estar cara a cara permitió una modernización de los servicios que brinda el Tribunal, ya que los usuarios pueden hacer trámites o consultas en los módulos habilitados para ello.

Actualmente, llegan abogados todos los días para inscribir documentación y realizar otros trámites, pudiendo enviar los documentos digitalizados e incluso sellarlos ellos mismos, además de que se pueden hacer consultas remotas de documentos con la ayuda de personal del Tribunal de Justicia Administrativa.

Sanitización preventiva

La pandemia obligó a este órgano a adoptar nuevas medidas, como la sanitización preventiva de la documentación con luz ultravioleta. Los documentos son sometidos a esta luz durante 24 horas para prevenir brotes. Y parece haber sido efectivo, pues salvo un par de casos aislados, el Tribunal no se vio obligado a parar labores por brotes de Covid.

El presupuesto ha sido un problema para todos los órganos autónomos, y el Tribunal Administrativo no es la excepción.

Presupuesto

El año de su creación recibió un presupuesto de 65 millones 726 mil 694 pesos, pero al siguiente año se le asignaron 52 millones 581 mil 356. En 2019 y 2020, el Tribunal de Justicia Administrativa recibió la misma cantidad, ni un peso más, ni un peso menos, y se espera que en 2022 las cosas no cambien.

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Este año nosotros no variamos el presupuesto, nos sujetamos al presupuesto del año anterior, con vistas a que el presupuesto se conserve. Hemos trabajado y hemos crecido también, porque recordamos que el Tribunal en un principio, hace cuatro años que se creó, no contábamos con presupuesto y obviamente se requería todo”.

Índice de Evaluación Presupuestal

A pesar de ello, el Tribunal, con cerca de 70 empleados, incluyendo a los administrativos, se las ha ingeniado para obtener una calificación de 100 en el Índice de Evaluación Presupuestal de la Auditoría Superior del Estado.

Del trabajo realizado este año por el Tribunal, se destaca que los asuntos más recurridos en Coahuila son los actos impugnados como clausura de establecimientos, cobros de alumbrado público, contratos de obra pública, devolución de pago indebido de impuesto predial, impuesto sobre adquisición de inmuebles, licencias, órdenes de inspección de cualquier autoridad administrativa, como puede ser salud, ecología, policía; temas de pensiones relacionadas con servidores públicos municipales que tienen relaciones administrativas no laborales, responsabilidades administrativas y las resoluciones de las contralorías municipales, entre muchos otros tipos de asunto.

Asuntos específicos

En 2021, el Tribunal conoció cerca de 800 asuntos entre administrativos y jurisdiccionales, resolviendo 80% de los mismos; 48% se resolvieron en la anulación de actos de autoridad, o se han anulado, es decir, han salido sentencias a favor del ciudadano. El resto de los casos se han validado esos actos o se han sobreseído.

El Tribunal tiene divididos los asuntos en las tres salas de los temas administrativos y fiscales, además de una sala especializada en materia de responsabilidades, que atiende asuntos específicos como las bajas de elementos de las corporaciones policiacas.

En materia fiscal y administrativa, el Tribunal emitió 3 mil 549 acuerdos de las 398 demandas iniciadas. Se realizaron 4 mil 200 notificaciones y se emitieron 240 resoluciones.

En materia de responsabilidades, se conocieron más asuntos que el año pasado por parte de las contralorías de los municipios, con 26, de las que se desprendieron 272 acuerdos y 400 notificaciones.