Washington, D.C. – En un movimiento que se aleja de la retórica conservadora, el gobierno del presidente Donald Trump ha convertido fondos federales en una participación de casi el 10% en Intel, el mayor fabricante de chips de Estados Unidos.

La medida, la mayor intervención gubernamental en una empresa privada desde el rescate automotriz de 2008, ha generado preocupación entre analistas y sectores empresariales.

El acuerdo, que transforma unos $11,000 millones en fondos previamente aprobados por la administración de Joe Biden en acciones de la empresa, fue bien recibido por el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, quien agradeció “la confianza del presidente”.

Por su parte, Trump fue más directo al afirmar que Tan “terminó dándonos 10,000 millones de dólares para Estados Unidos”.

Preocupación por el precedente

Analistas y expertos han criticado la medida, que consideran un “asalto al capitalismo” y un riesgo para los contribuyentes. Bret Stephens, politólogo conservador del New York Times, advirtió que la capitalización de mercado de Intel ha caído significativamente y que esta nueva inversión podría arrastrar consigo los fondos de los contribuyentes.

Un documento presentado por Intel ante el regulador del mercado de valores revela preocupaciones sobre el acuerdo.

La empresa reconoció que la participación del gobierno podría afectar sus negocios fuera de Estados Unidos, donde obtiene el 76% de sus ingresos, y que podría diluir la influencia de otros accionistas.

Un patrón de intervención en el sector privado

El acuerdo con Intel no es un caso aislado. Expertos de la Escuela de Administración de Yale han señalado que el gobierno de Trump ha intervenido en otras empresas, como la japonesa Nippon Steel y las estadounidenses Nvidia y AMD.

En el caso de Nippon Steel, la empresa japonesa tuvo que conceder una “acción de oro” al gobierno, que le otorga el poder de vetar ciertas decisiones corporativas.

Estas acciones, según los analistas, ponen en peligro la esencia del capitalismo de mercado, ya que el gobierno se inmiscuye en las decisiones estratégicas de las empresas privadas.

El Congreso y la Reserva Federal

La agenda de Trump también ha influido en el Congreso, donde los republicanos, tradicionalmente defensores de la reducción del gasto y el déficit, aprobaron una ley que extiende permanentemente los recortes fiscales y profundiza el déficit del país en 3.4 billones de dólares en la próxima década.

Además, los republicanos han bloqueado intentos de frenar los aranceles de Trump en el Congreso.

En un movimiento sin precedentes, Trump ha intentado despedir a una gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, lo que ha desencadenado una demanda judicial para proteger la independencia del banco central.

Los economistas advierten que esta acción podría amenazar la estabilidad económica del país.