Sin ánimo de crear más debate en torno a los lamentables sucesos del pasado 10 de enero, donde un niño de apenas 11 años mató de un tiro a una maestra y dejó heridos a varios de sus compañeros, antes de quitarse la vida en un colegio de Torreón, en esta intervención me permitiré expresar otro punto de vista al respecto.

Debo mencionar que soy consciente de que este punto de vista muy probablemente solo servirá para sumarse al montón de opiniones que se han venido vertiendo por todos aquellos que se sientes aptos, facultados o conocedores del tema y que creen tener algo que aportar al mismo, y que en la realidad en los hechos esos comentarios –como el mío– en nada remediaran lo ya sucedido. Así pues y a pesar de eso, me siento obligado a hacerlo.

En primer término, debo mencionar que estoy en franco desacuerdo con los titulares y funcionarios de las administraciones públicas respecto a que lo importante por ahora es buscar un forzoso culpable, y es que por consecuencia de esta errónea percepción, el Estado acusador, se ha dedicado a castigar inocentes al punto de mandar aprender al abuelo del menor por tener armas en su domicilio y una gruesa cuenta bancaria, logrando con eso someter al escarnio público al resto de su doliente familia, esto como una supuesta principal acción de justicia.

Para fundamentar mi desacuerdo debo mencionar que el Artículo 4º constitucional dice en tres de sus párrafos, que a la letra rezan: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.

Como es de verse en dicho precepto constitucional, la obligación primordial de velar y garantizar el desarrollo integral de un menor de edad corresponde ineludiblemente al Estado, sin posibilidad de una diversa interpretación, ya que en el mismo Artículo se establece que, “el Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”.

Es decir que los padres como particulares, solo son coadyuvantes en la observancia del desarrollo integral y óptimo del menor, dado que su mayor obligación, según el mismo numeral, lo es el de exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

Entonces, es necesario concluir, que quien debió velar por el desarrollo integral del menor, es decir, por el completo desarrollo óptimo del protagonista de estos lamentables hechos, es el mismo Estado, este que se ha volcado a investigar la vida privada de todos los integrantes de su familia, como queriendo despistar a la justicia, para que esta no concluya que sí existe un verdadero culpable por el delito de omisión, y que lo es precisamente él. O lo que es lo mismo, el acusador resultó ser el culpable.