Hace una semana comentábamos en este espacio que las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá habían dado un giro inesperado. Todo parecía ir por buen camino, pero el presidente Trump decidió imponer aranceles de hasta 50% a una parte de las importaciones canadienses. El gobierno de ese país respondió también con tasas arancelarias, de entre 15% y 50% para algunos productos estadounidenses, que entrarán en vigor el próximo martes 8 de septiembre. Fue cuestión de días para que se agudizara la relación bilateral y comenzara una nueva etapa de tensión comercial en América del Norte.

A raíz de la columna anterior, algunos lectores —a quienes agradezco seguir esta serie de textos—, me hicieron llegar una pregunta sencilla pero muy pertinente que precisamente dio lugar a la columna del día de hoy. ¿Por qué el presidente estadounidense pudo imponer un arancel de semejante magnitud a uno de sus principales socios comerciales? Para conocer la respuesta, tendremos que retroceder casi un siglo.

Corría el año de 1930. La Gran Depresión azotaba a la economía estadounidense, el Partido Republicano dominaba el 71.º Congreso, y Herbert Hoover ocupaba la Casa Blanca. En aquella incertidumbre económica, el Congreso recurrió al proteccionismo para salvaguardar el mercado interno de la competencia extranjera. Con 264 votos a favor y 147 en contra en la Cámara de Representantes, y 53 frente a 31 en el Senado, fue aprobada la Ley de Tarifas de 1930, que hoy se conoce como la Ley Smoot-Hawley, en honor a sus dos impulsores: el senador republicano Reed Smoot y el diputado Willis Hawley.

La Sección 338 de la Ley arriba mencionada faculta al Presidente para imponer derechos sobre las importaciones de un país extranjero para compensar la desventaja derivada de la discriminación o imposición desigual de ese país sobre el comercio de los Estados Unidos.

Los argumentos que ha sostenido Trump sobre Canadá es que este país ha discriminado las exportaciones estadounidenses de productos lácteos, los automóviles, las bebidas alcohólicas, entre otros, por lo que recurrió a una ley de 96 años de antigüedad tan desconocida que, de acuerdo con AP News, muchos especialistas en comercio no tenían presente que seguía vigente, además, ningún presidente había utilizado antes la Sección 338 para imponer aranceles. Y es que después de los problemas legales que enfrentó Trump en la imposición de aranceles, su administración comenzó a buscar otras herramientas jurídicas dentro de la legislación comercial estadounidense.

¿Qué implicaciones podría tener para México? No sería prudente afirmar que Trump también va a utilizar esta disposición contra México, pero tampoco pertinente desestimar el precedente político de haberla utilizado contra uno de sus propios socios del T-MEC. Para México, por tanto, lo ocurrido con Canadá no debería observarse como un conflicto exclusivamente bilateral entre Washington y Ottawa. Estados Unidos acaba de incorporar una nueva —aunque paradójicamente muy vieja— herramienta a su política comercial.

En 1930 no existían el T-MEC, las cadenas globales de valor ni una industria automotriz norteamericana integrada como la actual. Sin embargo, una ley diseñada para una economía mundial completamente distinta está siendo utilizada por Trump para intervenir en esa integración.

Canadá fue el primero en comprobarlo. México haría bien en tomar nota. Por cierto, ayer, en una reunión del G20 en Carolina del Norte coincidieron Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México y Howard Lutnick, representante comercial estadounidense.