A menos de un mes del relevo en la Gubernatura, el economista Alejandro Dávila Flores advierte, en la nueva edición de Espacio 4, que, “como resultado del atraco a las finanzas públicas de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira, el Gobierno perdió el 90% de su capacidad de inversión, limitando seriamente sus posibilidades reales para cumplir las obligaciones que le son conferidas en las constituciones federal y estatal”.

Recuerda que en la rueda de prensa del 12 de abril pasado, “el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos devolverá a México poco más de 246 millones de dólares (cerca de 5 mil millones de pesos), incautados a Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas y del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) durante la administración de Moreira (2005-2011). Ese mismo día, pidió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, destinar esos dineros a la campaña para prevenir la drogadicción (Reforma, 12.04.23).

“La misma fuente publicó la reacción del Gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien manifestó que esos recursos deben regresar al Gobierno de la entidad e informó que existen tres procesos penales, una solicitud de extradición y también de recuperación de bienes por parte del estado de Coahuila.

“En pocos días habrá de concretarse el relevo de la Administración Pública estatal. El Gobernador electo, Manolo Jiménez, debe exigir que los fondos confiscados a exfuncionarios de Coahuila en EU y en otros lugares, se regresen al Estado. Y debe asegurarse de que tengan el mejor destino para ayudar a resolver la crisis de sobreendeudamiento que paraliza la acción gubernamental. Antes de hilar sobre este telar, conviene dimensionar el problema del cual hablamos.

“Empecemos por el saldo de la deuda pública directa de Gobierno de Coahuila. Entre el 31 de diciembre de 2011 y el 30 de junio del 2023, pasó de 35 mil 551.8 a 37 mil 100.1 millones de pesos, registrando un aumento nominal de mil 548.2 millones de pesos.

“Esto ocurrió a pesar de que, entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre de 2021, el Gobierno de Coahuila pagó a sus acreedores una cantidad acumulada de 46 mil 247.9 millones (1.3 veces el saldo inicial), a los cuales habría que añadir los pagos realizados en 2022 y en el primer semestre de 2023 (entre 8 y 9 mil millones adicionales). (…)

“Entre 2003 y 2009, el estado pudo financiar, con sus propios medios, proyectos de inversión pública equivalentes al 13.4% de sus egresos totales. Ese porcentaje se desplomó al 1.6% entre el 2012 y el 2021, lo cual refleja una caída en la capacidad de financiamiento propio de la inversión pública de una magnitud cercana al 90 por ciento.

“También se entiende por qué, a pesar de realizar pagos multimillonarios a sus acreedores, el Gobierno se ve obligado a incrementar su deuda neta para poder fondear algunas inversiones adicionales.

“La hecatombe de 2010-2011 demuestra que, a pesar de la manipulación de la información que se realizó durante el proceso de ‘legalización y reestructuración’ de la deuda de Coahuila, a lo largo el segundo semestre del 2011, el endeudamiento del estado no se destinó a financiar inversión pública en Coahuila. (…)”.

A la pregunta de ¿quiénes autorizaron los créditos, con qué garantías y cómo se violaron las normas hacendarias y bancarias?, responde: “Estamos frente a una situación en la cual los acreedores son corresponsables del daño moral y patrimonial causado al Gobierno y al pueblo de Coahuila. A 12 años de esos acontecimientos (…), resulta evidente la incapacidad de pago del capital de esa deuda en los términos actuales”.

En consecuencia, propone “replantear los términos de su pago y la recuperación parcial de algunos de los fondos esquilmados a la hacienda estatal (…), es oportuno sentar previamente a los acreedores en la mesa de negociaciones y demandar su responsabilidad en el fraude endosado a los coahuilenses. Una excelente forma de hacerlo es que, por cada peso abonado por el deudor al pago del capital, se cancelen dos del saldo de la deuda”.