México, DF.- El principal argumento del Gobierno federal para desaparecer Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y encargar a la Comisión Federal de Electricidad el suministro de energía en la zona centro del país es que la CFE es más eficiente y que, por lo tanto, no habrá más pérdidas económicas por mala administración ni corrupción.

Hasta ahora, ésa es la versión del Gobierno federal. Pero la realidad podría ser muy diferente.

Documentos internos inéditos de la CFE en poder de “Reporte Índigo”, resultados de auditorías y audios de conversaciones de un funcionario, todo esto desde finales de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari hasta ahora, revelan que la corrupción y el gangsterismo imperan en algunas áreas de la compañía.

Beneficios multimillonarios

Durante los últimos 10 años ha operado una red formada por funcionarios de la CFE y empresas nacionales e internacionales que han sido beneficiadas con contratos multimillonarios.

Algunos se refieren a este grupo como “El Cártel de la Electricidad”. “Reporte Índigo” tuvo acceso a tarjetas informativas inéditas que Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, titular del Órgano de Control Interno de la CFE, envió a Mario López Araiza Orozco, subsecretario de Normatividad y Control de Gestión Pública de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

Esto fue a finales del gobierno de Ernesto Zedillo

En ellas, Olvera Mazariegos señala la “multiplicidad de irregularidades que se cometen en la licitación y construcción de obras de la CFE”.

“Estas prácticas son del todo conocidas por empresas internacionales que potencialmente pudieran participar en éstas y de esa forma lograr para la entidad obras con mayor calidad y mejor costo de oportunidad”, afirma Olvera Mazariegos en la tarjeta dirigida a López Araiza Orozco el 9 de agosto del año 2000.

“Los beneficios que pudieran resultar no se obtienen ya que CFE se encuentra catalogada como una entidad operada por funcionarios corruptos que impiden la participación de empresas en las áreas de generación, transmisión, distribución, empresas que no se involucren en irregularidades en las asignaciones”, puntualiza.

Funcionarios y obras irregulares

Señala que las obras en las que detectaron más irregularidades fueron las centrales termoeléctricas Samalayuca II, Monterrey II y Topolobampo; las turbogeneradoras El Sauz, Huinalá y Hermosillo, así como la terminal de recibo y manejo de carbón para la termoeléctrica Petacalco.

La lista negra de 10 funcionarios presuntamente corruptos está encabezada por Néstor Félix Moreno Díaz, entonces coordinador de Transmisión y Transformación, y Rogelio Gasca Neri, ex director general de la CFE.

Pero Moreno Díaz no fue sancionado, sino premiado. Actualmente es director de Operaciones de la CFE.

Fue nombrado por el actual director general de la empresa, Alfredo Elías Ayub, el 4 de abril de 2007.

Se pasó por alto el negro historial del funcionario, que incluye una inhabilitación por 10 años ordenada por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).

Y después de años de estar fuera de la administración pública, Gasca Neri fue contratado por Pemex el 17 de marzo de 2009 como consejero profesional del Consejo de Administración de la paraestatal. Aunque Olvera Mazariegos recomendó entablar una denuncia penal contra estos funcionarios, lo cual consta en sus tarjetas informativas, ni Alfredo Elías Ayub ni López Araiza Orozco lo secundaron.

Corrupción más actual que nunca

El problema es que las prácticas irregulares de la CFE no son cosa del pasado. En entrevista exclusiva con “Reporte Índigo”, Cuauhtémoc Velasco, director general de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, quien desde hace más de 10 años investiga y documenta actos ilegales cometidos por la CFE, afirma que la corrupción sigue enquistada en la paraestatal.

De acuerdo a sus cálculos, esa corrupción significa un quebranto al erario que asciende a mil 900 millones de dólares anuales.

Además, Velasco entregó a “Reporte Índigo” el audio de una conversación que tuvo uno de sus colaboradores con Rogelio Ángel Valencia, actual jefe de Oficina de la Gerencia de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación de la CFE.

En dicha plática se revela el modus operandi de los presuntos funcionarios corruptos de la empresa. Eran los últimos meses del sexenio de Ernesto Zedillo.

Antes de las elecciones presidenciales del 2 de julio, había un clima de incertidumbre en las áreas de control interno de la CFE y en la Secretaría de la Contraloría.

No tenían claro quién ganaría, y existía el temor de que si no triunfaba el PRI, la corrupción de la CFE saldría a la luz pública, lo cual tendría consecuencias administrativas y penales para los involucrados. El temor no era fortuito.

Denuncias ignoradas

En entrevista exclusiva, Cuauhtémoc Velasco, director general de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, explica que en aquella época, él era diputado federal de la 57 Legislatura.

Pertenecía a la bancada del PRD y era representante de ese partido ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Desde 1997 comenzó a recibir información sobre actos de corrupción en la asignación de los grandes contratos de termoeléctricas, en particular la de Petacalco, cuyo contrato fue entregado a la empresa Techint en 1993, cuando gobernaba Carlos Salinas de Gortari.

Desde entonces, y durante los siguientes 12 años, Velasco ha hecho constantes denuncias ante las autoridades y medios de comunicación para señalar la pérdida de millones de dólares que provoca la corrupción de la CFE.

Irregularidades en los contratos más importantes

“Reporte Índigo” tuvo acceso a cuatro tarjetas informativas que circularon a fines del gobierno zedillista entre los funcionarios responsables de realizar auditorías y señalar las sanciones correspondientes.

El 22 de junio de 2000, Rafael Bustos Hernández, asesor del Órgano de Control Interno de la CFE, escribió una tarjeta a Manuel de Jesús Olvera Mazariegos, titular de dicho órgano.

En esa tarjeta, Bustos señaló que en el proceso de transición gubernamental del año 2000 sería necesario prevenir y corregir las irregularidades detectadas por las distintas áreas de fiscalización de la CFE.

Informó a Olvera Mazariegos que se había creado un grupo en la paraestatal para abatir el número de irregularidades que estaban en proceso “y establecer medidas que eviten que estas irregularidades sean de conocimiento público, ya que se les ha pedido la total confidencialidad debido a la gravedad de ellas”. También afirmó que la posible llegada del candidato del PRD a la Presidencia, Cuauhtémoc Cárdenas, era un riesgo para “todos”.

Bustos señaló que el entonces titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Arsenio Farell Cubillas, había informado al director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, de las irregularidades. Se trata de las centrales de ciclo combinado y unidades de turbogas Rosarito III, El Sauz, Altamira II, Tuxpan II, Monterrey III, Hermosillo, Río Bravo y Samalayuca; las centrales de diésel Guerrero Negro II y San Carlos, y las centrales geoeléctricas Cerro Prieto IV y Tres Vírgenes.

Sin trabajar

Bustos puntualizó que se pagaron contratos de subestaciones y líneas de transmisión que no estaban en operación. “Reporte Índigo tuvo acceso a las copias de dichos pagos.

Correspondían a subestaciones que no se encontraban en operación comercial y, sin embargo, al mes de abril del año 2000, había pagos trimestrales que sumaban 46.22 millones de

Derroche

El cúmulo de irregularidades en los millonarios contratos asignados por la Comisión Federal de Electricidad con cargo a Pidiregas (Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto) para la construcción de centrales termoeléctricas y unidades turbogeneradoras es descomunal.

» Se modificaron bases de licitación para beneficiar a ciertas empresas.

» Se pagaron sobreprecios.

» Los trabajos que entregaron las empresas no cumplían con las especificaciones de los contratos.

» Y todo esto tendría un impacto en la deuda pública de los siguientes cinco sexenios, 30 años.