En los días previos a grabar su video anunciando que estará fuera de México, Ricardo Anaya ya sabía que la Fiscalía General de la República iba por él. Los indicios comenzaron un año antes. El exdirector de Pemex Emilio Lozoya, denunció una supuesta trama corrupta, de la que Anaya formaría parte. Sobre Anaya Cortés, Lozoya Austin dijo que este aceptó 6.8 millones de pesos en sobornos de la constructora Odebrecht para aprobar la reforma energética en 2013.

Obtuve una copia de esa denuncia. Anaya ya no era diputado cuando supuestamente recibió el soborno y la reforma ya estaba aprobada. La Fiscalía adelantó que uno de sus indicios consiste en que dos excolaboradores del Gobierno confirmaron que Anaya y otros panistas se reunieron con Lozoya varias veces en Pemex.

En abril de este año, el asunto dejó de ser solo una declaración de Lozoya. Un juez dictó prisión preventiva al exsenador Jorge Luis Lavalle por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero. Aunque no se conocen hasta ahora los detalles de la acusación específica contra Anaya, el caso forma parte del otro, por el que ya imputaron a Lavalle. Y parece, también, la reedición de otro caso político que también tocó a Anaya, bajo el Gobierno peñista.

En 2018, cuando era candidato presidencial del PAN, la entonces Procuraduría General de la República, acusó a Ricardo Anaya de formar parte de una red que habría lavado dinero a través de la compra de propiedades inmobiliarias en Querétaro y empresas en Jalisco. Una de esas propiedades era una casa a nombre de su suegra y otra a nombre de su madre.

Pocos meses después de que Anaya perdiera la elección presidencial, él, otras siete personas y 10 empresas que formaban la alegada trama corrupta, recibieron un documento de “no ejercicio de la acción penal”. Con eso se cerraba el caso y él podía continuar su carrera política, según documentos que revisé para esta columna. Ahora, después de las declaraciones de Lozoya Austin, esas casas parecen estar de nuevo en una investigación oficial.

Después de su video del sábado 21 de agosto, anunciando que estaría fuera del país, Anaya Cortés recibió una comunicación oficial en su domicilio en Querétaro. Le anunciaban que estaba en calidad de “imputado” en un caso. Le decían que debía presentarse a una audiencia virtual el jueves 26 de agosto y le comunicaban un correo electrónico, un número de teléfono fijo y un celular para que hablara con la Fiscalía y le dieran acceso a la carpeta, para enterarse de qué se debía defender.

Dos fuentes cercanas al caso me dijeron que en el celular y el teléfono contestaron un par de veces, con evasivas. En la Fiscalía le comentaron a su abogado que no podían darle acceso, porque temían que en realidad no fuera un litigante sino un periodista. En una reunión con legisladores panistas, un colaborador del fiscal General dijo que no podían entregarles copias de la carpeta porque tenían problemas con la fotocopiadora.

El jueves, la audiencia duró poco más de una hora. El juez determinó que no discutirían siquiera si Anaya ya está fuera de México, como anunció el Instituto Nacional de Migración. El único punto en la agenda sería posponer la audiencia, ya que la defensa del panista no ha accedido a la carpeta de investigación. El juez recalcó a Anaya que debe estar en la misma circunscripción donde está revisándose su caso judicialmente, y pospuso la audiencia para el 4 de octubre, sin dictar orden de aprehensión ni alguna medida cautelar. Al menos 15 días antes del 4 de octubre, los abogados deberán tener acceso a la carpeta. Solo entonces sabrán exactamente de qué se le acusa.

Por ahora, la Fiscalía solo ha dicho oficialmente que Anaya Cortés habría recibido sobornos, que están dispuestos a hacer públicas las diligencias de la investigación “que evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos” y que tienen dos testigos colaboradores que les ayudarán a sostener el caso.

Veremos en las siguientes semanas si hay algo más concreto en la acusación. Mientras tanto, varios litigantes opinan que ya existe en el caso un “efecto corruptor” en el que buena parte de la sociedad mexicana da por culpable al panista.