El pasado 13 de abril, es decir el día 10 de la campaña electoral en curso, el Ayuntamiento de Torreón convocó a participar en una licitación pública para la “personalización y diseño de 30 mil tarjetas bancarias para el apoyo económico complementario alimentario por contingencia”, identificada con el folio CE-805035999-E16-2021.

Si bien el fallo de la contratación se programó para el 6 de mayo, o sea 30 días antes de la jornada electoral, la nula presentación de propuestas —al menos así quedó registrado en documentos oficiales— obligó a declarar desierto el concurso el 29 de abril. Y tiene sentido, ya que difícilmente un proveedor con dos dedos de frente se prestaría para intervenir en lo que puede llegar a constituir un delito electoral. A ojos vistos, además.

El costo de los materiales que se pretendían adquirir en este caso es lo de menos. Lo importante radica en la declaración de intenciones. En la operación implícita. ¿Por qué precisamente en este momento?, es la pregunta. ¿Cuánto dinero dispersarán? O por lo menos, ¿cuánto están prometiendo? Y condicionado a qué, justo es decirlo.

Ahora bien, que la licitación se haya declarado desierta no significa que no adquirirá los plásticos por otra vía el Municipio. Yendo más allá: tampoco quiere decir que no vaya eventualmente a depositar efectivo en dichas tarjetas —o por cualquier otro medio— por una razón: si existe la supuesta necesidad identificada que justifica la ‘política pública’, no se detendrán por un simple detalle técnico de procedimiento. ¿O sí?

Lo curioso es que ni cuando atravesamos la fase más crítica de la emergencia sanitaria (hace un año, donde solo negocios esenciales podían mantenerse abiertos) hubo un apoyo semejante. Actualmente que nos hallamos en semáforo verde y plena fase de vacunación con reactivación económica, resulta ilógico el proceder.

Un programa similar, incluso con el mismo nombre, fue implementado en Chihuahua el año pasado, al inicio de la pandemia. La diferencia es que allá hubo un registro previo, voluntario, dirigido a familias afectadas por la contingencia y administrado por el DIF Estatal. El recurso consistió en 500 pesos repartidos durante cuatro meses, entregados mediante transferencia electrónica.

Una cifra similar en Torreón supondría destinar 60 millones de pesos municipales en 2021. A eso se traduce. ¿Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo avala?
Al respecto existen casos paradigmáticos. Comprobados, como las tarjetas Monex en 2012 (en aquella ocasión, para dimensionar, el entonces IFE acreditó 9924, de las cuales sólo 7 mil 851 fueron “fondeadas” y corresponden a transacciones que favorecieron al PRI en el periodo de campaña). Y no comprobados, como las acusaciones de 2017 contra el entonces candidato del PAN al Gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya, por lavado de dinero, coacción del voto, financiamiento ilegal de campaña, uso de recursos ilícitos, y peculado, al usar tarjetas bancarias de Banorte para pagar la estructura electoral.

Un dato interesante: aunque fue un escándalo nacional el asunto Monex, no llegó siquiera a 10 mil plásticos comprobados. Una tercera parte de lo que pretende adquirir la administración municipal en La Perla de La Laguna.

Cortita y a pie
En este mismo espacio se publicó el 4 de abril “Ganar Torreón a golpe de despensas: un negocio de 30 millones y ganar-ganar para el PAN”.

La referida investigación puntualizaba que, como última acción antes de dejar la Presidencia Municipal, el 24 de febrero, Jorge Zermeño Infante amarró un contrato por 30 millones de pesos en despensas que serán repartidas, en su mayoría, al mismo tiempo que participa él en campaña electoral como candidato del PAN a diputado federal por el distrito urbano de La Perla de La Laguna. Beneficiarios, pues, representan potenciales votantes. Un círculo vicioso, o virtuoso, según se vea.

Se trata, se dijo aquí, de 120 mil paquetes individuales además de 90 mil “tapas” de huevo y el mismo número de cajas con cuatro litros de leche cada una. Y por los víveres se pagó un sobreprecio estimado en al menos 3 millones 600 mil pesos, el cual resulta de comparar los precios pagados al mayoreo con los costos al menudeo.

Pero los números no cuadran. Como parte de los programas operativos anuales 2021 del Ayuntamiento, el referido Programa Alimentario, adscrito a la Dirección de Participación Ciudadana, según el presupuesto de egresos dispone de 25 millones 900 mil pesos etiquetados, y como estrategia “contribuir a mejorar el bienestar económico de la población cuyos ingresos se encuentran debajo de la línea de bienestar”.

En el primer trimestre de 2021, de acuerdo con el avance de gestión financiera del ejercicio fiscal, fueron ejercidos 5 millones 516 mil 400 pesos y comprende sólo despensas, huevo y leche. No depósitos en efectivo.

Aunque el proceso electoral en curso motiva actuaciones y omisiones políticas, inclusive exageraciones, cabe señalar que por primera vez en el trienio fue reprobado por mayoría de los ediles el avance de la cuenta pública del Municipio de Torreón, correspondiente al primer trimestre de 2021. Entre otras razones, debido al desaseo administrativo vinculado al tema de las despensas.

La última y nos vamos
Ahora, sin embargo, van más allá: el Ayuntamiento panista de Torreón, encargado interinamente a Sergio Lara Galván en tanto regresa de su licencia Jorge Zermeño Infante gane o pierda la elección, gestiona en el corazón de la campaña 30 mil tarjetas con clave interbancaria donde depositará recursos públicos, para igual número de personas, las cuales “deberán tener uso en cualquier establecimiento que cuente con terminal bancaria y con opción a realizar retiro en efectivo”, y “una vigencia mínima de 6 meses contados a partir de la entrega de las mismas”.

A confesión de parte, relevo de pruebas.