En apariencia de buen derecho, como dirían los abogados, parecería una decisión correcta fundada en un bien colectivo y de utilidad pública, por tanto lógica: que para entrar a bares y restaurantes en Coahuila, y posiblemente a eventos deportivos y culturales, sea exigido el certificado de vacunación contra Covid-19. La cartilla médica. El “pasaporte” sanitario, pues.

Dicha medida sería de observancia obligatoria en nuestra entidad en lo sucesivo, como también valoran aplicarla otros estados del país (Sonora, Sinaloa y Quintana Roo, entre otros) y como lo hace ya Francia desde mediados de julio, pionero del tema en Europa.

Sin embargo, el asunto tiene múltiples aristas que conviene analizar antes de dar un paso en falso.

Habría que sopesar, por principio de cuentas, aspectos generales como el campo de actuación. Establecer si la medida será por tiempo determinado y si estará circunscrita a espectáculos y lugares de ocio, como cines y estadios, o en sentido amplio al comercio y transporte, o amplísimo al ámbito escolar y laboral, por citar algunos ejemplos. Ahora bien, ¿por qué a unos sí y otros no, de ser así, si el peligro de contagio es el mismo?

En el fondo, más que ponderar los intereses en juego, se pretende restringir la movilidad de los no vacunados encaminada al esparcimiento como un castigo por su “osadía” más que un incentivo a la eventual vacunación. Darles un trato desigual, más que apercibirles. ¿Y no es más importante, en términos de emergencia sanitaria, la estricta observancia de las medidas de prevención para unos y otros, vacunados y no, mismas que han relajado a últimas fechas particularmente los ya vacunados?

También habría que delimitar detalles de praxis, como saber quién será el encargado de ejecutar la orden en cada supuesto. ¿Puede un mesero exigir datos personales a un hipotético cliente para condicionar un servicio? ¿Investido con qué autoridad? ¿Se convertirá por decreto en auxiliar sanitario? ¿Será capacitado como tal para resolver situaciones inesperadas y sujetas a criterio?

Reducir el aforo en espacios cerrados y con poca ventilación, o incluso limitar horarios y actividades, son cuestiones incontrovertibles debido a la evidencia científica concluyente. Afectar derechos constitucionales como la libertad personal de tránsito, comercio, incluso hasta sanitaria en detrimento de un grupo específico, en cambio, es distinto.

El Presidente francés, Emmanuel Macron, autor intelectual de la idea, dio un argumento que sirve para lavarle la cara a cualquier gobierno autoritario: “Las restricciones pesarán sobre otros, aquellos que por razones incomprensibles en el país de Louis Pasteur, la ciencia y la Ilustración, todavía dudan en utilizar la única arma disponible contra la pandemia: la vacuna”.

Dicha tesis, no obstante, parte de una falsa premisa. Como consecuencia el país galo acumula tres semanas consecutivas de protestas. La mayor ayer: 200 mil personas en las calles de París contra lo que llaman “dictadura sanitaria”.

Cortita y al pie

Visto de otra forma, el caso que nos ocupa es una lección en tiempo real de la cultura de los problemas públicos. Cómo surgen, se configuran, se categorizan y se institucionalizan. Lo que puede ser notorio y visible en un periodo histórico puede no serlo en otro. ¿Por qué a un automovilista que conduce alcoholizado, o a uno que circula con los ojos puestos en la pantalla de un celular, potenciales agentes de riesgo, no se les reprende con la misma energía en la pandemia? ¿Por qué un vecino ruidoso que atenta contra el descanso, la tranquilidad emocional y salud mental de un vecindario, no es reprimido en aras de un bien superior?

Y así podría enunciar una lista de situaciones que no se vuelven prioridad en la gestión pública municipal o estatal.

Por lo demás, la cuestión desde la médula implica dos vertientes: discernir si el Estado actúa en el marco de lo permisible cuando amenaza y ejecuta las acciones coercitivas, y la obligación moral de obedecer. Legitimidad y autoridad, en ese orden.

La última y nos vamos

No se tomen estas líneas como un llamado a la desobediencia civil. Básicamente se trata de reflexionar cuánto estamos dispuestos a ceder en la esfera individual. ¿En automático y sin chistar?

Que prive la razón sanitaria sobre la económica, de acuerdo, pero la posición de Alemania me parece más adecuada: no discriminar. Así de sencillo.