El pasado 15 de diciembre, la defensa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón, dentro del juicio que desarrolla Estados Unidos en su contra en Brooklyn, Nueva York, presentó una moción para anular el procedimiento y repetirlo.

Alegando, entre otras cosas, perjurio cometido por Héctor Javier Villarreal, extitular del Sistema de Administración Tributaria en Coahuila, quien participó atemporalmente como testigo del caso el 6 de febrero de 2023, el abogado de García Luna, César de Castro, aportó “nueva evidencia” para desacreditar el testimonio del tamaulipeco Villarreal Hernández, como pieza central de la acusación, y entregó información al juez de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Brian Cogan, argumentando cuatro puntos para cuestionar la credibilidad del exfuncionario estatal durante la Administración de Humberto Moreira.

No fraguó. No hubo anulación el 1 de marzo, fecha que había sido programada para resolver la petición, aunque se autorizó una prórroga para el próximo día 20; última oportunidad para defenderse, de lo contrario la sentencia será emitida el 24 de junio de 2024.

Sin embargo entre la intentona por desechar el testimonio de Villarreal Hernández, se mencionaron algunos asuntos interesantes para Coahuila.

Además de moverse por Texas, lo cual es del dominio público desde hace años que funge como colaborador del Departamento de Justicia, el defensor de García Luna le acusó de seguir cometiendo crímenes mientras tanto, pues Villarreal tiene acceso a una tarjeta bancaria, a nombre de una tercera persona vinculada con la razón social, Impulsora de Multiservicios Industriales, S.A. de C.V., usada para canalizar dinero desde México para sus gastos en EU.

Durante su estancia en el vecino país del norte (la cual cumple ya una década en 2024) ha realizado compras en Mercedes Benz, entre otras tiendas y restaurantes de San Antonio, Austin y Houston.

La referida sociedad mercantil, no obstante, fue constituida el 1 de julio de 2013 en Saltillo, con el objeto social de ser todóloga: ofrece lo mismo servicios de seguridad que de limpieza, dice vender al unísono monitoreo satelital y material hospitalario, oferta cualquier tipo de asesoría, construcción, proyecto industrial, reparación, maquila y mano de obra con facultades amplias para celebrar contratos, participar en otras sociedades, y en general intervenir en lo que se ofrezca.

Le pertenece, según el acta constitutiva, a Víctor Hugo Sosa Hernández y Carmen Julia Garibay Castillo, esposos de 58 y 57 años respectivamente, domiciliados en el poniente de la capital de Coahuila, cerca de la colonia Saltillo 2000.

En febrero de 2018, luego de un presunto emplazamiento a huelga que se difundió públicamente en medios, señalándolos a ellos como patrón, modificaron su participación en la empresa sin salirse de la misma ni cancelarla, y desde aquel momento no hubo más movimientos notariales.

En la actualidad él se dedica a la limpieza de tinacos, y ella atiende una papelería en el centro de Saltillo. Sus actividades económicas distan del tren de vida que mantiene Villarreal Hernández en Texas.

Pero existe un detalle interesante que los vincula. Sosa Hernández, el accionista principal, trabajó en Gobierno del Estado la primera parte del sexenio 2005-2011, en la misma Secretaría que Javier Villarreal: Finanzas, bajo su jerarquía. Su tarea era supervisar obras aprobadas, y revisar estimaciones para pagos. Ahí donde se hizo el negocio en grande, precisamente.

Posteriormente, a partir de 2008, fue designado director de Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) cuando esta era usada como “caja chica” de la Administración estatal, al retener un porcentaje a proveedores agremiados por cada tonelada de carbón vendida a CFE (oficialmente 41 millones de pesos al año en esa época). Su jefe directo, coincidentemente, también era Javier Villarreal.

Cortita y al pie

Villarreal Hernández se entregó en 2014 en El Paso, Texas, y fue detenido acusado por lavado de dinero y conspiración; permanece en libertad condicional desde 2015 y aún a la espera de sentencia de la Corte para el Distrito Oeste de Texas, la cual se ha reprogramado 22 ocasiones en los últimos 10 años, contados a partir del 6 de febrero de 2014, fecha en que inició el juicio.

El 12 de abril del año anterior su nombre fue puesto en la agenda pública desde la conferencia matutina del Presidente; el Mandatario dijo entonces que la Fiscalía General de la República recibió un oficio-respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos como “aceptación de la solicitud” para “devolver”, ya sea “completo” o “en partes”, lo decomisado por el Departamento del Tesoro al exfuncionario estatal.

Según su versión, se trataba de “casi 5 mil millones de pesos”; la cifra siempre fue falsa y el caso manipulado, con un claro propósito de influir en el resultado de la elección celebrada el 4 de junio en Coahuila.

En el documento que mostró públicamente Comunicación Social de Presidencia para respaldar la noticia, constaba que la Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos, mencionaba que la suma estimada por la FGR como indemnización a México (246 millones 134 mil 284 dólares) era descabellada, pues “el valor total de los bienes (confiscados a Javier Villarreal) es insuficiente”.

Es decir, desde un inicio no había nada. Era humo la cantidad comunicada. A casi un año del embuste, sigue siéndolo.

La última y nos vamos

Por lo demás, Impulsora de Multiservicios Industriales, S.A. de C.V., fue creada medio año antes de que Villarreal Hernández se entregase voluntariamente a la justicia estadunidense, en la frontera.

Además de falsificar documentos para pedir deuda, créditos que él mismo contrató estimados en 6 mil 300 millones de pesos, no es cualquier ladrón (ha declarado legalmente haber robado a Coahuila, así sean cantidades menores a las que constituyeron entonces su patrimonio incautado) sino uno sofisticado que juega sus últimas fichas.

Específicamente negocia beneficios migratorios (asilo político) para no ser deportado a México una vez sea sentenciado. Mientras tanto sigue usando sus vínculos en la entidad.