En donde está por empezar el estira y afloja es en la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Coahuila, a cargo de José Luis Vázquez López. Resulta que hay un acuerdo para habilitar en el estado un octavo distrito electoral federal, dada la complejidad del territorio, por el tema de las distancias entre regiones y, sobre todo, el incremento en el número de votantes, sobre todo en Saltillo y Torreón.

El caso es que está por empezar el agarrón entre los partidos más competitivos, en el caso de Coahuila, el PRI y Morena, pues van a intentar que la redistritación beneficie a los territorios en donde tienen mayor presencia.

Hasta donde se sabe, lo más seguro es que el Distrito 8 tenga cabecera en Saltillo o en algún otro municipio de la Región Sureste del estado. Veremos.

La más contenta  

Más a fuerza que con ganas, pero la udecista/morenista Tania Flores Guerra por estos días presentará a la Junta de Gobierno del Congreso del Estado la solicitud de licencia para dejar el cargo de diputada local de forma indefinida.

Como sabemos, es alcaldesa electa de Múzquiz y dejará su asiento en el Palacio de Coss, en vísperas y como pretexto del arranque del proceso de entrega recepción, aunque en realidad se supo que lo hace para poner pies en tierra a una nueva impugnación del Partido Acción Nacional, en donde ven la ventana abierta a la posible anulación de su triunfo, por duplicidad de funciones, pues no les parece legal ni político que siga en funciones legislativas cuando debería concentrarse en lo que enfrentará como alcaldesa.

Mientras tanto, ¿quién cree que es la más contenta con la decisión? Le atinó: la diputada suplente Yolanda Elizondo Maltos.

Efecto búmeran  

En la Sección 5 del SNTE hay un profesor de apellido Manrique que destaca por su cercanía con el depuesto dirigente José Luis Ponce Grimaldo. El caso es que Manrique, como lo conocen, ha querido presentar varias denuncias, pero hay quienes creen que lejos de proceder, habría efecto búmeran y servirían para acelerar los procesos legales en curso y llevar de nuevo a la cárcel al exlíder magisterial y a algunos de sus colaboradores, como Antonio Rivas, encargado del Fondo de Ahorro con Ponce; Fidencio Tobías, quien lo relevó en el cargo, y la exsecretaria de Finanzas, Maricela Cota.

Además, nos comentan, habría elementos para llevar a tribunales a José Luis Reséndiz y Gerardo Ponce, integrantes del comité seccional, y este último además sobrino de José Luis, quienes, según esto, tienen información de valor sobre el destino de los 70 millones de pesos que desaparecieron de las cuentas de los maestros.

Va por la buena  

De las siete comisiones legislativas que Morena le dejó al PRI en la Cámara de Diputados, la de mejor vista, por proyección y futuro, es la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que en la anterior legislatura controló Movimiento Ciudadano. Ahora le tocará al PRI tomar las riendas en materia de fiscalización gubernamental y el que mejor se perfila como coordinador, es el saltillense Jericó Abramo Masso.

Por trayectoria y perfil, de los 71 diputados federales del PERI, Jericó es el que reúne más características para coordinar la comisión y justo en eso anda, en el mismo canal con el gobernador Miguel Ángel Riquelme.

Nombre y apellido

Será este lunes cuando se regularice por completo el tránsito de transporte doméstico y de carga por el puente internacional Acuña-Del Río, luego de 10 días de permanecer cerrado por la llegada masiva de haitianos que se instalaron en busca de asilo en Estados Unidos.

Hubo pérdidas económicas, y si no, habría que preguntar a las empresas maquiladoras, en donde creen que no estaría de más ponerle nombre y apellido a los responsables de la oleada migratoria, primero, porque el Instituto Nacional de Migración, de Francisco Garduño Yáñez, y la Guardia Nacional, de Luis Rodríguez Bucio, los vieron ingresar a México por la frontera sur y literalmente atravesar el país en autobuses de pasajeros, como si se tratara de turistas. ¿A poco no se dieron cuenta?

¿Y la reforma? 

No es por alarmar, ni apresurarlos, pero como que a los diputados locales se les empieza a hacer tarde en aquello de emparejar los conceptos legales del aborto, con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside el ministro Arturo Zaldívar, quien junto a sus colegas votó por quitarle el castigo penal, sin importar la circunstancia en que se practique.

Cierto, la situación de Coahuila no es apremiante, como la de otros estados. Acá no hay mujeres encarceladas por interrupción del embarazo, pero sí carpetas de investigación por señalamientos de aborto espontáneo. El caso es que si como quiera van a reformar la ley, ¿para qué darle largas al tema?