El domingo 6 de septiembre Claudia Sheinbaum estuvo en Saltillo en el auditorio del Parque Las Maravillas. Uno más de aquellos eventos políticos donde lo relevante no ocurre arriba de las tarimas, durante el discurso, sino en el folclore que se desarrolla bajo el presídium.

Y así sucedió. No es que sea relevante por sí mismo, pero como incidente se podría destacar uno debido a su forzada irreverencia: a gritos, detrás de las vallas, la ex candidata a la Presidencia Municipal de Saltillo en 2024 y a la diputación local por el distrito 16 en 2026, Judith Alejandra Salazar Mejorado, celular en mano grabando la escena, increpó a gritos al Gobernador de Coahuila, quien se había acercado a la zona donde se ubicaba ella, entre el público, a saludar amistosamente al senador Alfonso Cepeda Salas y la diputada federal Hilda Licerio:

“Robaron los 16 distritos Gobernador. Robados con QR y usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted lo sabe. La Presidenta también lo sabe”, fue su breve reclamo.

A nadie se puede negar su derecho al pataleo. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene a su alcance. A 100 días de distancia ya nadie se acuerda, pero el 7 de junio hubo elecciones en Coahuila y salvo una inicial ofensiva mediática en la semana posterior a las elecciones, la cantaleta del fraude que propalaron Morena y PT, más ruido que nueces, eventualmente se redujo a cero.

Ahora bien, entre los días 10 y 11 de septiembre, el Tribunal Electoral de Coahuila resolvió todos los 32 juicios de impugnación presentados por ambos partidos en cada una de las 16 demarcaciones. En todos los casos la pretensión judicial fue la misma: que se declarase la nulidad de la votación y por consecuencia de la elección, además de revocar a los ganadores las constancias de mayoría.

Además de las impugnaciones individuales de Morena y PT, hubo también del Partido Verde y el PAN. Casi coreografiadas.

Los agravios presentados podrían resumirse a cuatro puntos: “recibir votación en fecha distinta”, “recibir votación por personas u órganos distintos a los facultados”, “permitir votar sin credencial o a personas no incluidas en la lista nominal”, e “impedir el acceso o expulsar a representantes de partidos sin una causa justificada”.

Como botón de muestra sirven los expedientes correspondientes a los cuatro distritos de Saltillo. En el distrito 13 fueron resueltos los juicios 34, 35, 36 y 37. En el 14, por su parte, los 38, 39, 40 y 41. En el 15, a su vez, los 20, 42, 43 y 44. Y finalmente, en el 16, los juicios 21, 45, 46 y 47 (donde se presentó la sentencia más larga: 222 páginas).

Como es difícil condensar las casi mil páginas que suman en una columna, el argumento central se podría reducir de la siguiente forma: “El PT y Morena sostienen que durante el proceso electoral y la jornada comicial se desplegó una operación material, territorial, humana, tecnológica y económica dirigida a comprar, presionar, inducir, controlar, movilizar, dar seguimiento y verificar el voto de personas electoras. A partir de dicha teoría fáctica, sostienen que se vulneraron los principios de libertad, secrecía y autenticidad del sufragio”.

Y la sentencia unánime se podría resumir con un párrafo interesante: “la sola referencia a códigos QR, imágenes, papeles o videos, no basta para acreditar presión, coacción o compra de voto, si no se demuestra su entrega a personas electoras, su uso durante la jornada electoral, su funcionamiento, su vínculo partidista, la participación de operadores, la afectación a electores concretos, y su incidencia en el resultado”.

En resumen: el “QR Gate Cibernético”, término dominguero acuñado en su día, acabó en agua de borrajas.

Cortita y al pie

El 14 de julio se publicó en este mismo espacio que las impugnaciones de Morena-PT en Coahuila resultaron vanas, de aire, a propósito de la impugnación general a la elección, resuelta el 9 de julio por el Tribunal Electoral del Estado a través del juicio electoral TECZ-JE-29/2026.

Aquella vez el recurso se desechó de plano, por unanimidad, y aquel acto jurídico reveló un desconocimiento de la ley, pues no se pueden impugnar 16 elecciones (que suponen además 16 comités distritales interesados a los cuales acudir) en un mismo escrito de demanda, como les hizo saber la magistratura ponente del caso. Además, ninguno de los representantes contaba con personalidad y legitimidad para iniciar dichas impugnaciones.

Lo de siempre, pues: sus posicionamientos públicos son aéreos, no aterrizados. Puro blof. Ninguna sustancia.

No se caracterizan por ser serios ni rigurosos. Son, más bien, dogmáticos y fundamentalistas. Oportunistas. Ellos lanzan consignas al aire y endilgan calificativos a quienes consideran sus adversarios, pero de probar, nada. Sus prejuicios van siempre por delante -a gritos, preferentemente- y que de las probanzas se ocupen otros, quienes quieran o puedan enmendarles la plana.

Si alguna autoridad en el ejercicio de sus funciones, en este caso un árbitro electoral, les niega sus pretensiones fuera de lugar, entonces se convierte, en automático, en un traidor a la patria. Un vendido. Un alquilado. Lo que sea. Cualquier cosa con tal de negar su responsabilidad en el asunto. Ellos nunca pierden. Jamás se manchan. Siempre les hacen fraude.

Ajá.

La última y nos vamos

Más allá de una imagen creada con Inteligencia Artificial para difundir en redes sociales, compuesta por el rostro del Gobernador de Coahuila grafiteado con un código QR, y el dominguero concepto de “QR Gate Cibernético”, no hubo nada.

Ahora, como grupo beneficiario residual de las decisiones centralistas, ya solo esperan a que, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados afines a la 4T les hagan el favor.

Como si la voluntad de los ciudadanos de Coahuila fuese negociable, o como si se pudiesen anular de un plumazo ventajas de 355 mil votos, equivalentes a un 30% de diferencia.