La consulta popular del próximo primero de agosto para conocer la opinión de la gente sobre si se debe o no enjuiciar a los expresidentes, es un engaño al pueblo de México que pretende consumar el titular del Poder Ejecutivo federal.

Es un engaño porque se trata de un ejercicio inconstitucional: las leyes mexicanas no contemplan el mecanismo de la consulta popular para determinar si una persona que presuntamente cometió un delito debe ser enjuiciada. Existen leyes e instituciones para investigar, perseguir y sancionar a quienes incurran en un delito. Por eso resulta verdaderamente inaudito querer consultar si las leyes se deben respetar y aplicar.

La consulta es totalmente innecesaria.

Además del engaño que representa, revestida de una narrativa que valora la participación ciudadana -o del “pueblo”- es un ejercicio que conduce a una mayor polarización de la sociedad. El odio y el resentimiento se colocan por encima de los valores de la legalidad, el bienestar general y la conjunción de esfuerzos que debemos de fomentar para edificar el país que queremos.

Si se acatara la Ley, desde el inicio de la actual Administración federal se deberían de haber iniciado los procesos jurídicos para enjuiciar a quienes, desde el poder público, han hecho un mal uso de sus facultades en perjuicio del interés nacional y con ello establecer un dique a la impunidad que tanto daña nuestra vida pública.

A lo anterior hay que agregar el alto grado de ambigüedad en el que finalmente quedó el objeto de la consulta. De la propuesta que hizo el Presidente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de solicitar explícitamente que tuviese como objeto el enjuiciamiento de los expresidentes que han conducido al país en los últimos 30 años, la Corte aprobó un verdadero galimatías, un texto descafeinado e indeterminado que al final el resultado de la consulta puede tener los usos e interpretaciones que más convengan al Ejecutivo federal.

El texto final de la Corte, que plantea la interrogante principal de la consulta popular, dice: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Cantinflas, frente a esto, era un modelo de uso asertivo del lenguaje.

La consulta popular muestra, de un modo ya deplorable, la ruptura del equilibrio de poderes de nuestro régimen republicano y la vulnerabilidad de la autonomía de los poderes legislativo y judicial frente a la creciente intervención del Poder Ejecutivo; a tal grado que se hizo prosperar una iniciativa a todas luces inconstitucional, innecesaria, engañosa y costosa.

En medio de las graves dificultades que enfrenta el país, cuya economía no se recuperará pronto de la grave crisis que vive desde antes de la pandemia, la inflación galopante que afecta los productos básicos y la nueva ola de contagios y muertes por el coronavirus que nos azota (un promedio de más de 10 mil contagios por día según la propia Secretaría de Salud); mientras se registra una crisis de seguridad con el récord histórico de 91 mil homicidios en menos de tres años del actual sexenio, y la violencia y la delincuencia organizada se apoderan de estados y regiones enteras del territorio nacional, entre otras situaciones críticas, se pretende que nuestra atención se concentre en un ejercicio de consulta popular engañoso y que constituye una grave ofensa a la inteligencia del pueblo mexicano.

Las razones que motivan esta consulta inconstitucional no han sido esclarecidas públicamente, aunque es evidente que la intención es empedrar el camino para que una persona o un partido se perpetúe en el poder. No obstante los catastróficos resultados de la Administración federal actual, se pretende cimentar desde ahora un largo periodo de predominio en el Gobierno. Este es el verdadero engaño de la consulta.