Jalisco.- Un reciente informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló una red de fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, con la que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estafó a miles de estadounidenses, principalmente adultos mayores, lo que causó pérdidas millonarias.

Sanciones de EU y la red de fraude

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asestó un golpe a la estructura financiera del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) al sancionar a cuatro individuos y trece empresas con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.

Esta red es acusada de operar un sofisticado esquema de fraude de tiempos compartidos que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), genera importantes ingresos para el cártel.

La OFAC destacó que el CJNG utiliza esta estafa, junto con otras actividades como el narcotráfico y el robo de combustible, para diversificar y aumentar sus ganancias.

Las sanciones son resultado de un esfuerzo coordinado entre el FBI, la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera de México, y se basan en la Orden Ejecutiva 13224, diseñada para combatir el terrorismo.

El CJNG y la estafa que ha durado 13 años

El CJNG, considerado uno de los cárteles más poderosos del mundo, ha sido clasificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una “Organización Terrorista Extranjera”.

El cártel utiliza actos de intimidación y violencia extrema, incluyendo ataques armados contra autoridades y ejecuciones de sus propios miembros, para mantener su control y promover sus actividades ilícitas.

A partir de 2012, el CJNG tomó el control del fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta y sus alrededores, convirtiéndolo en una fuente de ingresos alternativa rentable para esta célula delincuencial.

De acuerdo con datos de las autoridades estadounidenses, se tienen registros de esta estafa también en la zona colindante con Nayarit.

Un esquema diseñado para estafar a adultos mayores

El fraude se dirige principalmente a adultos mayores estadounidenses, quienes son engañados para pagar “cuotas” e “impuestos” por supuestas transacciones de venta o alquiler de sus tiempos compartidos.

Las víctimas, cuya información es obtenida a través de cómplices en los resorts, reciben llamadas de “teleoperadores” que se hacen pasar por corredores, abogados o representantes de ventas. Se les pide enviar transferencias bancarias a cuentas en bancos o casas de bolsa mexicanas.

En muchos casos, las víctimas son nuevamente contactadas por supuestos abogados o funcionarios que prometen recuperar el dinero perdido a cambio de más pagos, un fenómeno conocido como “revictimización”.

El FBI estima que entre 2019 y 2023, las pérdidas por este tipo de fraude superaron los 300 millones de dólares, y alcanzaron a 6 mil víctimas estadounidenses.

Los líderes del cártel detrás del fraude

La OFAC identificó a tres miembros de alto rango del CJNG como los principales responsables del esquema de fraude: Julio César Montero Pinzón (“El Tarjetas”), Carlos Andrés Rivera Varela (“La Firma”) y Francisco Javier Gudiño Haro (“La Gallina”).

Según sus datos, estos individuos también forman parte de un “grupo de choque” en Puerto Vallarta, responsable de asesinatos de rivales y políticos con el uso de armas de alto poder.

Además, se sancionó a Michael Ibarra Díaz Jr., nativo de Puerto Vallarta, un presunto empresario turístico y contador que, según las autoridades, ha estado involucrado en el fraude por más de 20 años, utilizando su experiencia para operar el complejo esquema.

Empresas y consecuencias de las sanciones

La red corporativa sancionada incluye trece empresas con actividades variadas, desde inmobiliarias (como Akali Realtors y KVY Bucerias) y agencias de viajes (TTR Go y Sunmex Travel), hasta operadoras de tours (Fishing Are Us y Santamaria Cruise), una firma de servicios automotrices y una consultoría contable.

Todas estas empresas están vinculadas a las actividades ilícitas de Ibarra Díaz en nombre del CJNG.

Las sanciones de Estados Unidos implican el congelamiento de todos sus bienes e intereses bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos.

Las instituciones financieras que faciliten transacciones con estas entidades también podrían enfrentar sanciones secundarias.