Forbes no ha actualizado la lista de los «10 mexicanos más corruptos de 2013» como anualmente lo hace con los multimillonarios del mundo, pero, de volver a elaborarla, con toda seguridad incluiría al exmandatario de Campeche y líder del PRI, Alejandro Moreno. Del catálogo de políticos venales de la revista, fundada hace 115 años por B. C. Forbes, la mitad habían sido gobernadores. Dos de ellos estuvieron entre rejas: Andrés Granier (Tabasco) y Humberto Moreira (Coahuila), y un tercero, Tomás Yarrington (Tamaulipas), espera sentencia en Texas. Posteriormente fueron encarcelados Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo). César Duarte (Chihuahua) fue extraditado de Estados Unidos el 2 de junio.

Los gobernadores empezaron a ser intocables en el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Prófugo desde 1999, Mario Villanueva (Quintana Roo) fue capturado en México y entregado a Estados Unidos donde se declaró culpable de lavar dinero del narcotráfico. La mayoría de las detenciones tienen un denominador común: la alternancia política en los estados. Alejandro Moreno lo sabe y por esa razón intentó heredarle el cargo a su sobrino Christian Castro Bello. De haberlo conseguido, como sucedió con los Moreira en Coahuila, Alito no estaría hoy en el ojo del huracán. Pero los campechanos dijeron otra cosa y eligieron a Layda Sansores, de Morena. Es la primera mujer Gobernadora que denuncia a su predecesor por enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero.

Moreno niega los cargos y llega al absurdo de la victimización. Se dice «perseguido político» por haber votado en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero él mismo se delata. Los audios divulgados en redes sociales y en la prensa del país no dejan lugar a dudas sobre su culpabilidad. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada el 7 de junio, dos días después de las elecciones de Gobernador en seis estados, terminó de hundirlo y de sepultar sus aspiraciones presidenciales: «El líder nacional del PRI conformó una red de amigos y familiares para comprar propiedades a precios muy bajos, donarlos a sus cercanos y luego revenderlos mucho más caros; en algunos casos el precio por metro cuadrado fue de unos pocos centavos o pesos que luego multiplicó su valor de reventa».

Eduardo Buendía, autor del reportaje, cita un caso: «11 meses después de haber tomado posesión como Gobernador de Campeche [impuesto por Enrique Peña Nieto], compró 39 mil metros cuadrados a un precio de 4 pesos el metro y en poco tiempo se multiplicó 500 veces y actualmente es de dos mil pesos el metro». De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad de Campeche, el líder del PRI, «su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, su madre Yolanda Mercedes Cárdenas Moreno y Juan José Salazar Ferrer —identificado como su arquitecto de cabecera— son propietarios de 35 casas y terrenos en el estado», denuncia MCCI en «La red de Alito Moreno para triangular dinero con la compra-venta de inmuebles».

Moreno atribuye la investigación a una «celada periodística» y amaga con denunciar a Claudio X. González, promotor de la coalición «Va por México» (PRI-PAN-PRD), pero quien preside la organización es María Amparo Casar. Moreno puede ser el segundo presidente del PRI en ser arrestado. Humberto Moreira fue el primero. El 15 de enero de 2016 la policía española lo detuvo en el aeropuerto de Madrid bajos los cargos de «blanqueo de dinero y malversación de fondos durante su etapa como Gobernador del Estado de Coahuila [2005-2011] (El País, 15.01.16). El frente opositor ha pasado a mejor vida. Moreno fue su enterrador.